Madrid asegura que el acuerdo presentado por Sanidad y Derechos Sociales carece referencias y bases técnicas y solamente "vende humo"
La conferencia multisectorial con Sanidad, Derechos Sociales, CC.AA. y entidades del sector plantea que los menores de 6 años sean intervenidos en 45 días como máximo desde que se detecta un caso.
Comunidades Autónomas, ministerios de Sanidad y Derechos Sociales y entidades del sector han llegado a un acuerdo para mejorar la atención temprana. El compromiso establece un marco referencial común para asegurar que niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención temprana equitativa. El acuerdo incluye que el plazo para intervenir en atención temprana debería ser de 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo.
Este plazo es el que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.
Reducir los tiempos de espera en atención temprana es, por tanto, uno de los objetivos fundamentales del acuerdo que se ha aprobado ya que esta franja de edad, de 0 a 6 años, es una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social.
Además de mejorar los procesos de detención y reducir los tiempos de espera, el acuerdo aprobado contempla que todas las comunidades autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos dispongan de una norma que regule específicamente lamateria.
En esta normativa deben establecerse los mecanismos de coordinación de documentos e historias clínicas. El sistema debe también conectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc... lecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente.
Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de los niños y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. A esto se suma que la nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños y niñas (el hogar, el parque, etc.) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.
El acuerdo incluye también una dotación económica de casi 42 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus,
Los compromisos adoptados en el consenso aprobado se han estructurado en nueve líneas de acción que se concretan en medidas concretas y en 36 estándares de calidad.
El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030 y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030).
Madrid, en desacuerdo
Desde la Comunidad de Madrid, el acuerdo ha sido calificado como “una chapuza”. Según ha explicado la consejera de Familia, Ana Dávila, el acuerdo se ha realizado “sin base, ni referencias técnicas de cómo mejorar en este ámbito”.
El acuerdo, “carece de indicadores de calidad, ni explica la capacitación del personal, ni aporta financiación a las CC.A.A.”.
Dávila asegura que las comunidades “llevan años reclamando una estrategia nacional” y a su juicio, este documento “solamente vende humo”.