El Gobierno ha decretado el Estado de Alarma y, además de restringir los movimientos de los ciudadanos, ha tomado las riendas de toda la sanidad, pública y privada recentralizando la toma de decisiones. Además, se habilita para intervenir todo el sector farmacéutico con el objetivo de asegurar el suministro de bienes necesarios para la salud pública.
