El Pleno del Tribunal Consitucional ha declarado consticional por mayoría (solo dos votos en contra frente a 9 a favor) la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de regulación de la eutanasia (LORE). En la sentencia considera que “la Constitución ampara el derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas”.
Esta decisión echa por tierra el recurso de Vox contra esta norma presentado en verano de 2021 (la norma entró en vigor el 25 de junio). La formación conservadora aseguraba que la norma dejaba desprotegida la vida y por tanto demandaba la suspensión cautelar de la norma.
El ponente, Ramón Sáez Varcárcel, integrado en el bloque progresista (7 magistrados, frente al conservador 4), considera que la norma “no deja desprotegida la vida” y no entra en conflicto con el artículo 15 de la Constitución Española.
El debate precisamente se ha centrado precisamente en el derecho a la vida e integridad que consagra el citado artículo y a su posible contradicción con el contenido de la ley. El alto tribunal no ve esta contradicción, ya que la Constitución “ampara” también “un derecho de autodeterminación”. Eso sí, para llevarlo a efecto tendrá que constar “una petición expresa y reiterada del paciente”, en un contexto “médicamente verificado”.
Los dos magistrados discrepantes consideran que la sentencia “excede del alcance y del control que corresponde al Tribunal”.
Igualmente, la sentencia tampoco ha tenido en cuenta las reclamaciones del recurso en relación a que la norma para su aprobación en Cortes no contó con el informe ni del Consejo General del Poder Judicial ni del Comité de Bioética. El Tribunal asegura que el Comité de Bioética elaboró un informe de público conocimiento. Si bien, el mismo nunca fue agregado al debate parlamentario que se hizo sobre la norma.
‘Acelerón’
El rechazo al recurso frente a esta ley viene enmarcado dentro de la situación de ‘acelerón’ que el Tribunal Constitucional ha dado a determinados asuntos desde la llegada del nuevo presidente Cándido Conde Pumpido y que han afectado directamente a la sanidad.
El primero de ellos fue el rechazo a las impugnaciones a la Ley del Aborto que se posponía desde 2010 y ahora el referido a la ley de eutanasia. En ambos casos, el TC se ha dectantado por defender la legalidad de las opciones que presentaba el Gobierno.
Nicolas Gonzalez Casares: