El reparto de competencias, el funcionamiento del Consejo Interterritorial del SNS y la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) marcaron las diferencias entre los partidos políticos que participaron en el coloquio organizado por Diariofarma ante las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro, celebrado el 6 de noviembre, reunió a Julio García Comesaña, coordinador de Innovación en Sanidad del Partido Popular; Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE; Ana Cuartero, portavoz de Vox, que asistió supliendo a María García Fuster; y Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Frente Amplio. Los cuatro representantes expusieron sus propuestas para la próxima legislatura y confrontaron sus posiciones sobre la organización territorial, los recursos económicos y las posibilidades de alcanzar un pacto de Estado por la sanidad.
Las principales diferencias aparecieron en la distribución de responsabilidades entre administraciones. Vox defendió recuperar la gobernanza estatal, mientras que el PP apostó por preservar las competencias autonómicas y el consenso en el Consejo Interterritorial. Por su parte, PSOE y Frente Amplio pusieron el acento en mejorar la cogobernanza y ampliar la participación de pacientes y otros agentes en las decisiones sanitarias.
Coloquio con los portavoces de Sanidad ante las elecciones generales de noviembre 2026
Noticias del coloquio
Estas fueron algunas de las conclusiones más relevantes que se alcanzaron en el bloque sobre gobernanza y financiación de este coloquio que contó con la colaboración de Abbvie, Daiichi Sankyo, Johnson & Johnson y Roche.
El modelo territorial y el papel del CISNS
Tomando como ejemplo lo realizado en los últimos tres años, Marta Carmona situó el “cambio en el concepto de gobernanza” entre los principales avances de la legislatura anterior. La representante de Frente Amplio destacó que “se han podido sentar los pacientes a tomar decisiones en la misma mesa” que los responsables políticos y defendió superar un modelo en el que la gobernanza se limite exclusivamente a la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, cuyas competencias sanitarias también respaldó expresamente.
Como ejemplo de este nuevo modelo, citó la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que calificó como “una estrategia única en Europa”, en la que participan cinco ministerios, representantes de las distintas áreas de la industria farmacéutica y pacientes. Según Carmona, este espacio permite deliberar y “decidir con absoluta transparencia”, además de actuar “con absoluta honestidad” y alinear los diferentes intereses al servicio de la salud de la población.
La portavoz de Frente Amplio defendió dar continuidad a este modelo de participación y diálogo en la próxima legislatura, especialmente en política farmacéutica e innovación. “Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró. También vinculó la transformación de la gobernanza a la modernización de procedimientos, como “renunciar por fin al cupón precinto como sistema”, una medida que consideró simbólica de los cambios que necesita la sanidad pública.
Julio García Comesaña rechazó la modificación competencial defendida por Vox y reafirmó la apuesta del PP por el actual modelo autonómico. “Desde el Partido Popular creemos firmemente en el modelo sanitario español, es decir, con competencias en las comunidades autónomas”, señaló. Según dijo, las transferencias han permitido adaptar la asistencia a las características y necesidades de cada territorio.
Sin embargo, también cuestionó la política desarrollada durante la última legislatura por PSOE y Sumar, al considerar que “ha sido el ministerio más recentralizador que ha habido en los últimos años”. Como ejemplo, señaló la falta de participación autonómica en la política farmacéutica tanto en la Estrategia de la Industria Farmacéutica como en la elaboración de la Ley de los Medicamentos. El representante popular defendió, además, preservar el consenso como principio de funcionamiento del Consejo Interterritorial. “Yo defiendo que el Consejo Interterritorial no es una conferencia sectorial, es un órgano donde el consenso es el elemento fundamental”, afirmó.
Desde el PSOE, Kilian Sánchez defendió el modelo de cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas. El representante socialista destacó que el Consejo Interterritorial facilita “una colaboración, una interlocución, una cogobernanza entre comunidades autónomas y Estado” y permite conectar las políticas sanitarias de ambos niveles administrativos. Consideró necesario mantener este órgano, aunque admitió que su funcionamiento es “incluso reformable, pero en un aspecto más práctico” para mejorar su funcionamiento.
Sánchez advirtió de que la confrontación política dificulta el funcionamiento del Consejo Interterritorial y defendió la necesidad de avanzar hacia “una visión más técnica” de la gobernanza sanitaria. En este sentido, propuso incorporar a las organizaciones y colectivos de pacientes a los órganos de decisión, para que participen “en la decisión y en la gobernanza de las decisiones que se puedan tomar”, con el objetivo de ampliar la participación y reducir el peso de los enfrentamientos partidistas.
Ana Cuartero defendió que el Ministerio de Sanidad recupere la dirección del sistema sanitario mediante una modificación de las competencias transferidas. A su juicio, “el Sistema Nacional de Salud, habiéndose dividido en 17 sistemas sanitarios, ha perdido la capacidad de prestar los servicios sanitarios en equidad” en toda España. “La gobernanza del Sistema Nacional de Salud debe partir del Ministerio de Sanidad”, afirmó. Para Vox, el objetivo es garantizar una prestación homogénea de servicios en todo el territorio, especialmente en ámbitos como la vacunación y los programas de cribado.
La propuesta contempla un sistema sanitario único, pero con gestión territorial descentralizada. El Ministerio establecería las prestaciones básicas y las comunidades autónomas asumirían su desarrollo. El Consejo Interterritorial conservaría una función de colaboración entre administraciones, mientras que la gobernanza del sistema correspondería al Ministerio de Sanidad.
Financiación sanitaria
Las diferencias también se trasladaron a la reforma de la financiación autonómica y a los recursos que necesita el sistema sanitario. El PP planteó incorporar un apartado específico para sanidad dentro del modelo de financiación autonómica. Comesaña recordó el compromiso adquirido por Alberto Núñez Feijóo para garantizar esa financiación diferenciada y defendió incrementar los recursos de acuerdo con las necesidades asistenciales. “Hay que aumentar la financiación, pero teniendo claro ¿para qué?”, afirmó. Entre las prioridades señaló el envejecimiento, la cronicidad y la prevención, que consideró necesario abordar como una inversión, siempre “con criterios de eficiencia y no simplemente subir el porcentaje del PIB porque sí”.
El representante popular defendió también la creación de un fondo estratégico para financiar innovaciones terapéuticas y diagnósticas de alto impacto que las comunidades autónomas deban incorporar una vez cerrados sus presupuestos. En estos casos, propuso que el Estado disponga de capacidad para aportar financiación extraordinaria, como ocurrió con la financiación europea de las vacunas frente a la covid-19. Comesaña consideró necesario este instrumento tanto para medicamentos como para tecnologías innovadoras, especialmente ante la llegada de nuevas terapias avanzadas y los desarrollos relacionados con la genómica. En este punto coincidió Carmona, quien también reclamó “un fondo de financiación” para evitar que los medicamentos de alto impacto comprometan los presupuestos autonómicos. “Esos son gastos que tenemos que asumir entre todos”, afirmó.
Por su parte, el PSOE estableció un compromiso cuantificado. Sánchez defendió fijar un suelo de gasto sanitario equivalente al 7% del producto interior bruto. “El 7 % es el mínimo irrenunciable que tiene que tener el país en materia sanitaria y ahí está nuestra apuesta”, aseguró.
El representante socialista precisó que ese porcentaje constituye un mínimo y no un límite al crecimiento de los recursos. También defendió el carácter finalista para sanidad de las transferencias destinadas a reforzar la financiación autonómica. Como balance de las legislaturas anteriores, reivindicó un incremento presupuestario superior al 30% y transferencias directas a las comunidades autónomas por 50.400 millones de euros.
Vox cuestionó la utilidad de establecer objetivos de gasto vinculados al PIB. Ana Cuartero sostuvo que un incremento presupuestario no garantiza mejoras asistenciales cuando existen problemas estructurales de disponibilidad de profesionales y organización de los servicios. “Me parece mucho más fiable el indicador de la prestación de servicios sanitarios”, afirmó Cuartero. Su formación situó los compromisos en la cobertura asistencial y las listas de espera, sin establecer un porcentaje mínimo de financiación respecto al PIB.
Frente Amplio defendió aumentar la financiación del SNS, que Carmona consideró insuficiente para atender a sus necesidades, y vinculó ese refuerzo al mantenimiento de la universalidad y de la atención primaria. Aunque no fijó un porcentaje concreto del PIB, planteó modificar los mecanismos de financiación de la innovación. “Hay que hacer una apuesta por la financiación precoz y acelerada”, afirmó. También reclamó “salir del sistema de subasta” y abandonar la concepción de que “la sanidad es un cliente y la industria farmacéutica es un proveedor”, para apostar por “un liderazgo público en toda la cadena de valor en la parte industrial y en la parte de política sanitaria”.
En este ámbito, Carmona destacó el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias como uno de los cambios impulsados por el Ministerio de Sanidad. La portavoz defendió la participación de las comunidades autónomas en la evaluación de tecnologías sanitarias, al considerar que facilitaría posteriormente las decisiones en cada territorio y reduciría las discrepancias sobre las evaluaciones realizadas por otras autonomías. Carmona defendió que estas modificaciones permiten avanzar hacia “un cambio de condiciones en el tablero para que la financiación se pueda hacer en otras condiciones”.
¿Un Pacto de Estado?
La posibilidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Sanidad permitió abordar qué políticas deberían contar con acuerdos más allá de una legislatura. La financiación, la cartera común de prestaciones, el papel de la atención primaria y la salud pública figuraron entre los ámbitos señalados por los representantes políticos.
El PP identificó tres ámbitos prioritarios para alcanzar acuerdos: la financiación sanitaria, una cartera común mínima de prestaciones y el papel de la atención primaria ante el envejecimiento y la cronicidad. Comesaña consideró “fundamental ponernos de acuerdo todos en el papel real de la atención primaria, el que tiene ahora y el que tiene que tener”. También defendió que cualquier reforma de la financiación autonómica se pacte con todas las comunidades autónomas.
El PSOE propuso recuperar el consenso alcanzado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia. Sánchez reclamó que los acuerdos políticos se traduzcan en decisiones efectivas y tengan continuidad en la actividad parlamentaria.
Frente Amplio expresó su disposición a pactar sobre la base de la defensa del sistema público, universal y suficientemente financiado. Carmona citó la Agencia Estatal de Salud Pública como ejemplo de una iniciativa en torno a la cual consideró posible alcanzar acuerdos.
Por parte de Vox, Cuartero señaló la salud pública como una materia susceptible de pacto estatal. Propuso establecer criterios compartidos sobre cribados y vacunación, incorporar a la farmacia comunitaria a determinadas actividades preventivas y reforzar la coordinación con los servicios de salud laboral.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 