La reforma de la Ley de los Medicamentos, los plazos de acceso a la innovación y los criterios para decidir su financiación marcaron las diferencias entre los partidos políticos que participaron en el coloquio organizado por Diariofarma ante las elecciones generales del 29 de noviembre. El encuentro reunió a Julio García Comesaña, coordinador de Innovación en Sanidad del Partido Popular; Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE; Ana Cuartero, portavoz de Vox; y Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Frente Amplio.
Las posiciones reflejaron algunas diferencias sobre los instrumentos para alcanzar estos objetivos. El PSOE defendió recuperar la reforma legislativa y los nuevos mecanismos de precios; el PP, que también consideró necesaria una nueva Ley de los Medicamentos, reclamó mayor participación autonómica y agilidad administrativa; Vox por su parte, planteó incorporar criterios sociales y organizativos a las decisiones de financiación; y Frente Amplio apostó por la compra basada en valor, el liderazgo público y los acuerdos de riesgo compartido. Así se recogió en el coloquio contó con la colaboración de AbbVie, Daiichi Sankyo, Johnson & Johnson y Roche.
Una ley pendiente
Kilian Sánchez situó entre los compromisos de su formación retomar la reforma de la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Defendió que el proyecto impulsado durante la legislatura anterior pretendía asegurar precios más accesibles, mejorar el abastecimiento de medicamentos estratégicos y facilitar el acceso a terapias innovadoras. Consideró necesario recuperar la tramitación de una reforma que, según señaló, llevaba dos décadas pendiente de una actualización de fondo. Según dijo, es importante “dar una respuesta directa a quien más lo necesita, que es el paciente en primer lugar y el propio profesional”, destacó.
Coloquio con los portavoces de Sanidad ante las elecciones generales de noviembre 2026
Noticias del coloquio
Por su parte, Julio García Comesaña defendió una reforma profunda de la gestión del medicamento, que consideró prácticamente anclada en modelos de hace cuatro décadas. “Gestionamos el medicamento como hace 40 años”, afirmó. A su juicio, los cambios no deben limitarse a la Ley de los Medicamentos, sino extenderse a la prescripción, la dispensación y la adherencia terapéutica, un aspecto que consideró insuficientemente atendido.
El representante popular manifestó su acuerdo general con el proyecto legislativo, aunque cuestionó la falta de participación de las comunidades autónomas y del sector en su elaboración. Reclamó analizar las más de 800 alegaciones que, según sus datos, había recibido el texto y garantizar la participación autonómica en su posterior desarrollo.
Comesaña también pidió agilizar los procedimientos administrativos y planteó recuperar un modelo de funcionamiento del Ministerio de Sanidad basado en agencias u organismos independientes, con representación autonómica y capacidad para adoptar decisiones rápidas. Asimismo, defendió reformar la legislación de contratos públicos para adaptarla a las particularidades de la compra de medicamentos.
Ana Cuartero pidió agilizar los acuerdos de precio y financiación y otorgó relevancia a la identificación de medicamentos estratégicos y a la prevención de problemas de suministro. Añadió una propuesta sobre la interoperabilidad de la receta entre la asistencia privada y el sistema de financiación pública, al considerar que la falta de conexión puede generar costes adicionales para pacientes que recurren a consultas privadas.
Por parte de Frente Amplio, Marta Carmona defendió que la reforma legislativa consolide un cambio de enfoque en la política farmacéutica, con mayor liderazgo público y una revisión de los mecanismos de negociación. “No tenemos que pensar en trocitos”, afirmó. La representante planteó abordar conjuntamente el acceso a la innovación, el impacto presupuestario de los medicamentos, el desarrollo industrial y las necesidades de los pacientes. Para ello, reclamó que todos los agentes participen en las decisiones y superar una concepción de la Administración como simple compradora de medicamentos. También consideró necesario que la Ley de los Medicamentos y sus desarrollos normativos favorezcan una incorporación rápida de genéricos y biosimilares.
Plazos de acceso
Sánchez afirmó que los tiempos de acceso habían descendido de 616 a 537 días y reconoció que el resultado permanecía lejos del objetivo de 180 días que citó como referencia europea. También sostuvo que España financia el 69% de los medicamentos aprobados en la Unión Europea. Presentó estas cifras como prueba de una evolución favorable, aunque reconoció que quedan mejoras pendientes.
Comesaña cuestionó ese balance. Recordó que en 2018 el plazo se situaba, según su exposición, alrededor de 300 días y aseguró que en oncología, a día de hoy, “seguimos en 600”. “De nada vale investigar, innovar y desarrollar si luego no accedemos”, afirmó. Reclamó reducir los tiempos administrativos y conseguir que los pacientes puedan recibir los tratamientos indicados por sus facultativos. Como ejemplo, citó los procedimientos de solicitudes especiales utilizados en Galicia y defendió extender este planteamiento al conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Cuartero también denunció demoras, especialmente en tratamientos oncológicos, para los que habló de esperas de hasta 900 días. Advirtió de la distancia que puede existir entre la participación de un paciente en un ensayo clínico y la disponibilidad posterior del medicamento en la práctica asistencial. Defendió incorporar a las decisiones el beneficio sobre la calidad de vida y las consecuencias que los retrasos pueden tener para los pacientes.
Desde Frente Amplio, Marta Carmona defendió una “financiación precoz y acelerada” de la innovación. Consideró necesario modificar la forma de negociar y decidir la incorporación de medicamentos, con participación de los distintos agentes y una visión que contemple tanto las necesidades de los pacientes como la sostenibilidad del sistema.
Precio, valor y financiación
El PSOE propuso recuperar la modificación de los mecanismos de fijación de precios prevista en su proyecto legislativo. Sánchez se refirió expresamente a los precios de referencia y los precios dinámicos como herramientas para obtener una mayor eficiencia y sostener la financiación de nuevas terapias. También reivindicó el papel del sistema público en el acceso a tratamientos CAR-T y defendió continuar tanto con la innovación disruptiva como con las mejoras terapéuticas incrementales.
Carmona cuestionó que el precio sea el único criterio de la compra pública y propuso avanzar hacia adquisiciones basadas en el valor integral de los medicamentos. Para ello, reclamó abandonar el “método de subasta” y revisar los mecanismos de compra y financiación.
Además, defendió ampliar los acuerdos de riesgo compartido y citó las terapias CAR-T como ejemplo de experiencias que, a su juicio, han funcionado. Sostuvo que los instrumentos de financiación deben responder a tecnologías que producen mejoras importantes en supervivencia, pero concentran un elevado impacto presupuestario en sus primeros años de utilización.
Vox pidió que las decisiones de precio y financiación incorporen criterios sociales y organizativos, además de los económicos. Cuartero cuestionó que se descuide “una valoración completa del impacto social que genera introducir un medicamento” y puso como ejemplo las cargas asistenciales que pueden provocar ciertos cambios de tratamiento cuando requieren autorizaciones individualizadas. En este sentido, advirtió de que “tampoco hay que echarse en brazos de la liberalización haciendo unos acuerdos de precio financiación con criterios estrictamente económicos y abandonando los criterios sociales”.
Comesaña defendió aprovechar el ahorro asociado a genéricos y biosimilares para financiar medicamentos innovadores, sin perder de vista los resultados reales de su utilización por los pacientes.
Industria y liderazgo público
La continuidad de la Estrategia de la Industria Farmacéutica también fue objeto de debate. Sánchez respaldó expresamente su mantenimiento y refuerzo.
Cuartero defendió reforzar la producción nacional de medicamentos mediante una política industrial que trascienda el ámbito estrictamente sanitario. Rechazó la nacionalización de la industria farmacéutica y reclamó eliminar las barreras que dificultan el desarrollo y la ampliación de las instalaciones productivas, tanto por los trámites administrativos como por las limitaciones de acceso a la red eléctrica, las infraestructuras de comunicaciones y la disponibilidad de suelo industrial. A su juicio, estas dificultades exigen una estrategia nacional que favorezca el crecimiento del sector y refuerce la soberanía farmacéutica.
Carmona defendió un liderazgo público a lo largo de la cadena de valor farmacéutica, desde la producción hasta la compra. Aclaró que esa posición no equivale a nacionalizar la industria y respaldó la existencia de empresas públicas y participación pública en compañías, especialmente en el ámbito de los genéricos. También reivindicó la colaboración entre ministerios, pacientes e industria como instrumento para impulsar políticas compartidas.
Julio García Comesaña expresó el respaldo del PP a la continuidad de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, aunque insistió en la necesidad de incorporar a las comunidades autónomas a su desarrollo. Criticó que no hubieran participado en su elaboración, tampoco en aspectos como la descarbonización del sector sanitario, donde consideró que podrían aportar experiencias relevantes. “En el desarrollo tienen que participar las comunidades autónomas. Creo que no hay otra alternativa”, afirmó.
Comesaña también destacó los avances del Sistema Nacional de Salud en oncología y, especialmente, en el acceso a las terapias CAR-T. Defendió que los resultados alcanzados en el acceso territorial a estos tratamientos deben atribuirse al conjunto del sistema sanitario y no exclusivamente al Ministerio o a una comunidad autónoma. “Es un éxito conjunto”, subrayó.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 