La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha anunciado este miércoles la interposición de una demanda ante la Audiencia Nacional contra el RD 574/23 que regula las ayudas a los afectados y que está vigente desde el pasado 4 de julio. La razón es que esta norma establece que las ayudas a las personas afectadas por este medicamento entre 1950 y 1985, deben deducirse de cualquier otra ayuda o prestación análoga a las que regula el decreto.
Avite considera esta cuestión un “sinsentido”, ya que como recuerda, la Ley 6/2018 habilitaba la compatibilidad de ayudas y el nuevo decreto prevea restarlas.
En concreto la ley de 2018 establecía que “estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a la que la persona tuviera derecho y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza”. La nueva norma contradice esta afirmación al asegurar que ahora las ayudas se deberán restar de otras que puedan ser análogas a las que regula el decreto.
Otro de los motivos de la denuncia de Avite está en que la asociación considera que “se ataca la exigencia del certificado del Registro Estatal de Enfermedades Raras previo informe positivo del Comité Científico Técnico de la talidomida para ser beneficiario”. La entidad considera que el texto en este apartado “obvia todos los reconocimientos de afectados por la talidomida que el propio Estado lleva haciendo en resoluciones administrativas firmes desde 2009 a propósito de jubilaciones anticipadas y otras situaciones”.
A modo de conclusión Avite señala que el decreto aprobado este verano “se aparta de la ley 6/2018 que desarrolla y, además, causa indefensión a muchos afectados españoles, a los que deja fuera de las ayudas al exigirles un documento que es incompatible con los reconocimientos oficiales como víctimas de la talidomida que ya se han llevado a cabo en España”.
Nicolas Gonzalez Casares: