El Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana ha informado de la celebración de una reunión con la Conselleria de Sanidad, a la que los representantes farmacéuticos acudieron de la mano de sus homólogos en Medicina, Enfermería y Veterinaria, para abordar el decreto de Alertas en Salud Pública.
Los profesionales habrían decidido unirse "para reclamar a la Administración que subsane la discriminación que supone este decreto para el personal de Salud Pública", una situación que habría sido transmitida por los especialistas que prestan sus servicios en los centros correspondientes a este departamento, que se quejan por las retribuciones que percibirán por sus guardias localizadas y el agravio que supone respecto al personal estatutario.
El objetivo del decreto es, recuerdan, organizar y coordinar internamente el sistema para detectar de forma precoz y gestionar emergencias para la salud, dando una respuesta rápida y eficaz. El problema, indican, es que establece unas retribuciones de alrededor de 250 euros por una semana de guardia localizada, lo que se traduce en menos de un euro por cada hora.
Según han manifestado los consejos autonómicos, "esta cantidad es claramente discriminatoria con sus compañeros estatutarios que prestan igualmente sus servicios para la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, lo cual no es justificable por la única diferencia de que los funcionarios de Salud Pública, a pesar de que también trabajan para Sanidad, están adscritos a Función Pública, que depende de la Conselleria de Justicia”.
Los representantes estiman que la decisión de reglamentar y legislar un servicio no debe discriminar a los profesionales (médicos, farmacéuticos, enfermeras, veterinarios, etc.), y se quejan de que parece que su trabajo diario "tuviese un menor valor o fuese menos importante". En este sentido, también se ha solicitado la regularización de las guardias en Salud Pública, tras una carga de trabajo, con la libranza de días posteriores, tal y como sucede en la actualidad con el trabajador estatutario.
Como resumen, cabe decir que las entidades colegiales han reclamado a la Conselleria que se “subsane de forma inmediata tal discriminación y regule y establezca un sistema de alertas para guardias en igualdad de condiciones, respetando los derechos de los profesionales, y a su vez que se les compense digna y adecuadamente a las importantísimas funciones y a las altas responsabilidades que diariamente soportan”.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: