La asociación de representantes de las farmacias comunitarias de Reino Unido (Community Pharmacy England, CPE) ha anunciado su apoyo a la consulta gubernamental sobre la habilitación de flexibilidades para que los farmacéuticos realicen sustituciones al dispensar medicamentos, aunque ha señalado que la actual redacción de las propuestas “son insuficientes” y podrían generar costes a las propias oficinas.
La consulta del Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC) del Reino Unido propone permitir que los farmacéuticos comunitarios suministren una concentración o formulación diferente (lo que puede significar una cantidad diferente) del mismo medicamento recetado originalmente cuando el medicamento recetado no está disponible. Eso ocurriría en el caso de que la botica no tuviera el medicamento en stock; el farmacéutico valore que existe una necesidad especial; la larga demora temporal para obtener el medicamento concreto.
El DHSC indica que los objetivos de estas propuestas son mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos, reducir la carga sobre los sistemas de salud y mejorar la atención centrada en la persona. Sin embargo, la consulta continúa afirmando que las flexibilidades no se aplicarían cuando el medicamento ya esté sujeto a un protocolo de escasez grave (SSP), notificación de suministro de medicamentos (MSN) o una alerta a través del sistema central de alerta (CAS).
En la actualidad, datos de CPE indican que el 73% de los equipos de farmacia consideran que la escasez continua está poniendo en riesgo la salud del paciente.
Aunque CPE ha recibido de forma positiva la propuesta, la asociación considera que “las propuestas actuales no van lo suficientemente lejos y que nos gustaría ver mayores poderes para que los farmacéuticos realicen cambios”, señala en su borrador de propuesta.
De hecho, su petición es equiparar al conjunto de Gran Bretaña con el sistema aprobado en Escocia, que es “un sistema aprobado y eficaz”.
En relación a los costos, el CPE ha demandado que la propuesta del Gobierno evalúe también la carga de trabajo del equipo farmacéutico y la auditoría de cualquier flexibilidad implementada para garantizar que el sector reciba una remuneración adecuada por su trabajo para el NHS.
En ese sentido reclaman que las farmacias comunitarias no deberían verse perjudicadas económicamente por implementar estos cambios para los pacientes.
“Si bien el aumento de las facultades de los farmacéuticos debería reducir la carga de trabajo y los costos de los médicos de cabecera, existen costos adicionales, tanto explícitos como implícitos, para una farmacia asociados con un suministro diferente a la receta original”, indican
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: