Política

El proyecto presupuestario de Castilla-La Mancha eleva el gasto sanitario un 13,6%

Las previsiones de la comunidad autónoma para 2027 asciendes a 13.587 millones de euros, de ellos, 4.611 irán dirigidos a Sanidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aporbado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2027, con un montante global que asciende a 13.587 millones de euros. Esta cifra representa un aumento de 683,7 millones de euros en términos absolutos respecto al año anterior. Dentro del conjunto de las cuentas regionales, la sanidad se consolida como la partida de mayor volumen dentro del gasto social asignado a los servicios públicos fundamentales.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, expuso en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el desglose del proyecto de ley. Durante la presentación, en la que estuvo acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, detalló que la sección sanitaria dispondrá de 4.611 millones de euros en el próximo ejercicio. Este volumen de fondos implica una subida del 13,6 por ciento en comparación con las cuentas de 2026, lo que equivale a una variación positiva de 553 millones de euros.

El titular de Hacienda remitió el texto a las Cortes regionales para iniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que la norma entre en vigor el uno de enero de 2027. La elaboración del proyecto contempla una reducción del 80 por ciento en los ingresos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyas dotaciones extraordinarias bajan de 600 millones de euros en 2026 a 126 millones en 2027 al finalizar su vigencia temporal.

Por esta razón, la comparación del gasto no financiero de la comunidad, excluyendo amortizaciones de deuda pública y fondos europeos temporales, refleja una cifra disponible de 11.974 millones de euros. Este apartado registra una subida global del 11,1 por ciento, es decir, 1.200 millones de euros adicionales respecto al ejercicio previo.

Inversión en personal y tecnología

El área sanitaria absorbe la mayor parte del gasto social, conjunto que en total suma 8.412 millones de euros para la cobertura de sanidad, educación y servicios sociales. Esta asignación global supone el 72,3 por ciento del gasto no financiero regional y experimenta un aumento del 12,5 por ciento si no se contabilizan los recursos del fondo de recuperación europeo.

En el sector sanitario concreto, los 4.611 millones asignados servirán para financiar diversas actuaciones operativas e infraestructuras. Ruiz Molina especificó que la partida presupuestada permitirá reforzar la plantilla de profesionales del sistema público de salud y hacer efectiva la carrera profesional de los trabajadores de este ámbito.

Asimismo, la planificación económica prevé destinar recursos a las infraestructuras de la red de asistencia sanitaria. En este punto, la previsión presupuestaria incluye inversiones dirigidas a la actualización y mantenimiento de instalaciones asistenciales en centros hospitalarios y centros de salud de la comunidad autónoma.

En el apartado tecnológico, la partida contempla el despliegue de herramientas de innovación y digitalización en la red asistencial. La implantación de estas aplicaciones orienta sus objetivos a reforzar la capacidad de resolución técnica en los centros situados en zonas rurales.

Marco global y deducciones

Dentro de la estructura económica general del presupuesto regional, las operaciones de capital destinadas a inversiones en servicios públicos, infraestructuras y actividad productiva ascienden a 1.284 millones de euros. Este bloque muestra un crecimiento del 12 por ciento frente al año 2026 tras descontar la aportación de los fondos europeos de recuperación.

En materia de ingresos, el Sistema de Financiación Autonómica aporta el 71 por ciento de los recursos no financieros de la región, alcanzando los 8.587 millones de euros. El resto del esquema financiero se completa con 2.361 millones procedentes de transferencias estatales y comunitarias, junto a la recaudación de tributos cedidos.

Por último, la previsión de beneficio fiscal de la comunidad autónoma prevé un impacto estimado de 400 millones de euros por bonificaciones y deducciones aplicadas en el marco de las competencias regionales. Las medidas fiscales asociadas a la política de habitabilidad y a la lucha contra la despoblación representan más del 43 por ciento del total de estos beneficios previstos.

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