El proceso electoral del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) afronta una fase de revisión jurídica, que se extenderá al menos hasta la primera quincena de este mes. El líder de la candidatura Voz Farmacéutica, Sergio Marco, ha reclamado que este proceso se realice "de forma pública rigor y transparencia institucional" ante las sospechas de irregularidades detectadas en el procedimiento del voto por correo. Marco incidió en la necesidad de "proteger el prestigio de una entidad con 585 años de antigüedad y que agrupa a más de 5.000 profesionales colegiados en la provincia".
Según recoge el recurso presentado por la formación de Marco, durante el escrutinio se admitieron sufragios postales que incumplían las exigencias de los estatutos colegiales. En concreto, la candidatura detectó varios sobres contenedores abiertos que albergaban múltiples votos en su interior sin certificar individualmente. El documento detalla que únicamente se certificó el sobre de mayor tamaño, por lo que no existió constancia ni verificación del número real de papeletas individuales que viajaban en su interior.
Custodia del voto postal
Estas circunstancias plantean dudas sobre las garantías de individualidad, integridad y cadena de custodia del proceso. Los sobres llegaron a la sala de votación abiertos y sujetos únicamente mediante una goma elástica. El recurso señala que la mesa electoral rechazó inicialmente estos votos. No obstante, tras mantener una conversación con representantes de Impulso Farmacéutico, la mesa acordó admitirlos pese a la oposición expresa de las otras dos candidaturas. La incidencia de estos sufragios, que ascienden a varios centenares y corresponden a la lista proclamada ganadora, resultó determinante debido al estrecho margen del recuento final.
Marco lamentó también la campaña de desinformación difundida tras la presentación de la impugnación conjunta de Voz y Avanza. Diversos medios afirmaron que el recurso provocaría un retraso en el pago mensual de la factura farmacéutica, un planteamiento que Marco tildó de falso. La Conselleria de Sanitat efectuó el abono a finales de mayo, lo que demostró que el proceso legal no interfiere en la tesorería de las oficinas de farmacia.
Para el candidato, denunciar la vulneración de las normas estatutarias constituye un derecho legítimo y democrático. Marco rechazó la agresividad de la respuesta de la candidatura denunciada en la esfera pública y pidió respeto para que los órganos jurídicos decidan con total independencia.
Lilisbeth Perestelo: 
