El Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho públicos los datos de su estudio periódico sobre opinión pública y política fiscal, elaborado a partir de 6.000 entrevistas realizadas entre el 6 y el 13 de julio de 2026. La consulta muestra una amplia preocupación por la dotación presupuestaria asignada al sistema sanitario. Un 79 % de los encuestados afirmó que la Administración destina muy pocos recursos a la sanidad, lo que ubica a este área como la segunda con mayor percepción de insuficiencia financiera, solo por detrás de la vivienda, que alcanzó un 89 %. La investigación en ciencia y tecnología se situó en una posición similar, con un 78,3 % de los ciudadanos que opinó que recibe fondos muy escasos.
El respaldo general a la financiación del Estado del bienestar mediante impuestos continúa siendo mayoritario. El 59,2 % de las personas participantes coincidió en que el cobro de tributos resulta necesario para que el Estado preste servicios públicos. Frente a esta postura, un 24,8 % consideró que los tributos constituyen una obligación impuesta por la Administración sin conocer con precisión qué se recibe a cambio. Por su parte, un 14,4 % definió la fiscalidad como un instrumento concebido para redistribuir la riqueza.
La valoración sobre el retorno social de los recursos públicos refleja una división en la sociedad. Un 54,4 % de los encuestados sostuvo que la ciudadanía se beneficia poco o nada de lo aportado mediante impuestos y cotizaciones. En contraste, un 43,7 % de la población afirmó que la sociedad obtiene mucho o bastante beneficio de las cuantías abonadas. Al medir la preferencia entre la cuantía impositiva y las prestaciones recibidas, la media se fijó en un 4,40 en una escala donde el cero representa mejorar los servicios públicos aunque implique pagar más impuestos y el diez supuso reducir la carga tributaria a costa de recortar las prestaciones. Un 20,2 % se posicionó en el cero absoluto.
El estudio abordó los efectos de las irregularidades fiscales sobre la financiación de las áreas esenciales. El 89,3 % de los ciudadanos aseguró que existe mucho o bastante fraude fiscal en el país. Al consultar por las consecuencias concretas de este quebranto, el 27,7 % situó en segundo lugar la disminución de recursos disponibles para financiar prestaciones sociales y servicios públicos. La principal consecuencia señalada fue la generación de injusticias tributarias, mencionada por el 33,8 % de los entrevistados, mientras que un 20,7 % destacó la desmotivación que provoca en los contribuyentes que cumplen correctamente sus obligaciones.
En relación con el reparto de las cargas impositivas, el 77,2 % de la ciudadanía considera que los tributos no se cobran de forma justa ni bajo el principio de que contribuyan más quienes más tienen, frente a un 20,4 % que los percibió equitativos. Asimismo, el 70,1 % de la población apoyó que la recaudación se obtenga a través de tributos directos adaptados a la renta, frente al 24,4 % que prefirió figuras indirectas.
Lilisbeth Perestelo: 
