Andalucía garantizará el pago a 20 días de las facturas de medicamentos

La Junta de Andalucía ha iniciado la elaboración de un decreto que reducirá a 20 días naturales, en lugar de los 30 previstos en la normativa vigente, el plazo para abonar las facturas vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales, las becas y las ayudas al estudio y al empleo. Además, y como novedad, establecerá “un mecanismo de garantía de estos nuevos tiempos de pago, con el fin de solventar posibles incidencias e impedir demoras”, según ha explicado la consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero.

Tal y como ha descrito Montero, en el sector sanitario se incluirán las facturas relativas a la atención sanitaria, los conciertos (como los de transporte sanitario, diálisis o rehabilitación) y todas aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros (agua, gas, limpieza, lavandería y prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre ellas).

Según los cálculos de la Junta, as medidas previstas agilizarán los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización en todas estas áreas esenciales, garantizando así el pago de  más de un millón de facturas al año por un importe global estimado de 6.150 millones de euros. Esta cantidad supone el 80% del total de los capítulos II (gasto corriente en bienes y servicios) y IV (transferencias corrientes) del presupuesto de Andalucía.

Además, los acreedores podrán obtener información sobre el estado de tramitación de sus pagos pendientes a través de la oficina virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A ello se añade, como novedad destacada, la creación de la Oficina de Atención a las Personas Acreedoras, donde podrán solicitar certificados que acrediten posibles deudas vencidas, líquidas y exigibles a la Administración. También podrán reclamar en el caso excepcional de que alguna factura no se abone en 20 días y hacer efectiva esta garantía de tiempo de pago.

El contratista, proveedor o beneficiario de una subvención que presente una reclamación ante la nueva Oficina de Atención recibirá, en el plazo máximo de siete días, una respuesta de la Administración indicándole la fecha exacta del pago, que debe ser inmediato, o bien otorgándole una acreditación positiva para hacer efectiva la garantía de pago en cualquier entidad de crédito que colabore con la Consejería de Hacienda. La Administración podrá emitir una acreditación negativa en caso de que se detecten incidencias que afecten al pago (como errores que deba subsanar el acreedor, retenciones o embargos.

Cabe señalar también que Montero ha indicado que espera que este decreto vea la luz en tres o cuatro meses y que pueda estar en vigor antes de final de año.