Política

Frente Amplio propone elevar la sanidad al 8% del PIB y priorizar la gestión pública

Frente Amplio plantea dedicar el 8% del PIB a la sanidad pública, priorizar la gestión directa y revisar los servicios privatizados. Su programa incluye una empresa farmacéutica pública, cambios en el acceso a medicamentos y nuevas prestaciones sanitarias.

El programa electoral de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre plantea elevar la financiación de la sanidad pública hasta el 8% del PIB y establecer la gestión directa como modalidad general de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas propuestas se acompañan de la derogación de la Ley 15/1997, un plan de revisión e internalización de servicios privatizados y la integración definitiva de las mutualidades administrativas en el SNS.

En materia de financiación, el documento recoge el compromiso de alcanzar el 8% del PIB estatal para la sanidad pública a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, no desarrolla un calendario anual para alcanzar ese porcentaje ni concreta cómo se articularía el compromiso entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que gestionan la mayor parte de los servicios sanitarios. Además, el programa detalla también el objetivo de destinar el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria, para lo que propone mantener el incremento de los fondos finalistas. Asimismo, contempla reforzar los recursos de los centros de salud en función de los determinantes sociales de la población asignada.

Respecto a la gestión del SNS, Frente Amplio apuesta por retomar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una iniciativa ya impulsada durante la legislatura anterior, y derogar expresamente la Ley 15/1997, que habilitó nuevas fórmulas de gestión sanitaria. Retomando la iniciativa presentada a lo largo de la legislatura pasada, el programa establece que la gestión indirecta pasaría a tener carácter excepcional. Para recurrir a ella sería necesario justificar objetivamente la imposibilidad de utilizar la gestión directa y someter la decisión a una evaluación previa por un comité técnico especializado. La propuesta no contempla una finalización inmediata de todos los contratos vigentes, sino su revisión y la elaboración de planes de internalización progresiva.

Estas medidas se completarían con un refuerzo de la Alta Inspección, la publicación homogénea de información sobre costes, plantillas, listas de espera y resultados asistenciales, así como la creación de un Observatorio de Evaluación, Control, Transparencia, Calidad y Sostenibilidad del SNS y una Agencia de Calidad y Evaluación del Sistema.

Industria farmacéutica pública

Una de las principales propuestas del programa en política farmacéutica es la creación de una empresa farmacéutica con participación pública del 100%. Frente Amplio vincula esta iniciativa con la expansión de capacidades ya existentes, como CERTERA y Terafront, y con los objetivos de reforzar la investigación, ampliar la producción de medicamentos en España y Europa y prevenir desabastecimientos.

El planteamiento se integra en una política industrial más amplia que incluye transformar la SEPI en una Agencia Industrial Pública y crear instrumentos financieros estatales. También propone desarrollar cadenas de valor de medicamentos esenciales mediante compra pública y financiación a largo plazo. El documento no precisa la estructura de la futura empresa farmacéutica, sus recursos, las actividades industriales que asumiría ni los medicamentos que produciría.

En relación con el acceso a la innovación, la formación propone reformar la Ley de Medicamentos para reducir los tiempos de acceso a los nuevos tratamientos, establecer precios sostenibles para el SNS y mejorar la coordinación entre farmacia comunitaria y Atención Primaria. La protección del suministro figura también entre los objetivos de esta reforma.

Además, el programa incluye la obligación de incorporar cláusulas de acceso justo a los medicamentos desarrollados con fondos públicos y crear un fondo finalista para medicamentos huérfanos de elevado impacto económico. No especifica los criterios de financiación de este fondo ni desarrolla los mecanismos concretos para aplicar las cláusulas de acceso.

En el capítulo industrial, la coalición liderada por Ada Colau plantea además la posibilidad de establecer participaciones públicas en empresas, derechos sobre patentes o retornos económicos cuando la financiación estatal sea relevante. También contempla cláusulas de devolución de ayudas ante incumplimientos de los compromisos asumidos por las empresas beneficiarias.

Financiación autonómica y control

Las propuestas sanitarias se relacionan con la reforma del sistema de financiación autonómica. Frente Amplio plantea destinar al menos un 2,3% adicional del PIB anual al conjunto del sistema, una cifra que el programa sitúa en unos 38.000 millones de euros, con el propósito de reforzar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas. De ellos, una parte relevante iría a Sanidad para alcanzar el 8% del PIB de inversión. La propuesta incluye nuevos criterios de población ajustada que tengan en cuenta la edad, las necesidades sanitarias, la población mayor de 80 años y otros indicadores sociales.

Fuera del capítulo sanitario, Frente Amplio incorpora también una propuesta para prohibir la adquisición directa o indirecta de hospitales, clínicas y residencias por entidades de capital riesgo y otras instituciones de inversión colectiva. Esta medida aparece en el apartado dedicado a limitar el poder de los grandes grupos empresariales y se refiere a operaciones de propiedad, no únicamente a la gestión de centros concertados.

El conjunto de compromisos combina objetivos de financiación cuantificados, reformas legislativas, ampliaciones de prestaciones e instrumentos de intervención industrial. Aunque algunas actuaciones cuentan con mecanismos identificados, el programa deja pendientes de concreción los calendarios y recursos necesarios para determinadas reformas, especialmente la empresa farmacéutica pública, la integración del mutualismo administrativo y los nuevos instrumentos de financiación de medicamentos.

Profesionales y mutualidades

En política de recursos humanos, Frente Amplio propone una reclasificación profesional inmediata conforme a la formación y los créditos de las titulaciones, en línea con la reforma del Estatuto Marco. También plantea reformar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias para actualizar las competencias de los distintos colectivos.

En relación con las guardias médicas de 24 horas, propone establecer la libranza de la mañana del mismo día de la guardia, además del descanso posterior, y promover turnos de ocho y 12 horas mediante el refuerzo de las plantillas de los servicios autonómicos de salud. El programa incluye también el incremento de plazas de Formación Sanitaria Especializada y el desarrollo de nuevas especialidades y acreditaciones.

Otra reforma de alcance organizativo es la integración definitiva de Muface, Mugeju e Isfas en el SNS. El documento recoge este compromiso, aunque no establece un calendario específico ni detalla el proceso de transferencia de recursos y reorganización asistencial que acompañaría a la medida.

El programa propone además una Ley de Organizaciones de Pacientes para garantizar su participación estructurada en los órganos de toma de decisiones del SNS.

Nuevas prestaciones sanitarias

La ampliación de la cartera común de servicios constituye otro de los ejes del programa. Frente Amplio propone extender la cobertura de salud bucodental hasta alcanzar al menos el 50% de la población residente al final de la legislatura, como continuación de las ampliaciones realizadas durante el mandato anterior.

En salud visual, plantea universalizar el Plan Veo para que las gafas y lentillas gratuitas alcancen a todos los grupos de edad. También propone financiar públicamente los audífonos para todas las personas que los necesiten e incorporar un banco público de prótesis y órtesis accesible a las comunidades autónomas. Por su parte, en salud mental, la formación plantea crear un fondo finalista para la Red de Salud Mental Comunitaria y alcanzar una ratio mínima de 10 profesionales por cada 100.000 habitantes en los perfiles contemplados en el programa. Las medidas incluyen el desarrollo de la estrategia Cero Contenciones y un nuevo permiso laboral para acompañar a personas en riesgo de suicidio.

Las propuestas asistenciales abarcan asimismo el refuerzo de especialidades médicas en hospitales rurales, la ampliación de los servicios de reproducción asistida y nuevas garantías para la atención al climaterio y la menopausia. En listas de espera, el programa apuesta por aprobar una reforma reglamentaria que incluya los tiempos de Atención Primaria y salud mental, amplíe los procedimientos monitorizados y evite registros paralelos de pacientes.

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