El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha traslado a las formaciones políticas un documento con siete propuestas orientadas a definir el papel de la profesión farmacéutica durante la próxima legislatura. El texto enmarca estas medidas en la ‘Declaración de Asturias: Farmacia 2035’, aprobada en Oviedo, que recoge la visión del sector para la próxima década y fija “una hoja de ruta para aprovechar plenamente sus capacidades ante los principales desafíos sanitarios y sociales”. El planteamiento parte de las fortalezas actuales de la farmacia española para transformarlas en nuevas capacidades al servicio de los ciudadanos y del sistema sanitario.
La estrategia de la organización colegial persigue avanzar hacia “una farmacia más asistencial, integrada, innovadora, social y sostenible en la próxima legislatura para responder a las necesidades de la población”. Para lograrlo, el documento articula sus siete medidas en torno a tres grandes objetivos generales. El primero busca “garantizar la seguridad y equidad en el acceso a los medicamentos y productos sanitarios, así como la continuidad de los tratamientos”. El segundo pretende “aprovechar el potencial asistencial de las farmacias comunitarias para ampliar la capacidad de la Atención Primaria, dando respuesta a la demanda de los pacientes y potenciando el servicio sanitario mejor valorado por los ciudadanos, según el CIS”. El tercero apuesta por “favorecer políticas de cohesión social y territorial asentadas en el modelo español de farmacia como garantía de accesibilidad y proximidad”.
En el plano normativo y de garantías sanitarias, la primera propuesta del Consejo General exige “reforzar la separación entre la prescripción y la dispensación de todos los medicamentos, incluidos los veterinarios, como garantía de salud pública”. La institución justifica esta demanda en la necesidad de “preservar la independencia de los profesionales sanitarios, prevenir posibles conflictos de interés y reforzar la seguridad en el uso de los medicamentos”. Según recoge el texto, asegurar que la dispensación se realice exclusivamente a través de los establecimientos legalmente autorizados mantiene “un histórico sistema de doble control sanitario, en el que el profesional prescriptor y el farmacéutico actúan de forma independiente y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia”.
En estrecha relación con este blindaje, la segunda medida reclama “preservar las garantías sanitarias en la dispensación de los medicamentos, prohibiendo expresamente la intermediación”. El documento advierte sobre la proliferación de iniciativas vinculadas al reparto a domicilio que pretenden incorporar los fármacos, incluidos los de prescripción médica, a los circuitos comerciales mediante repartidores. La organización colegial señala que esta tendencia entraña riesgos para la salud pública “al tratar de equiparar los medicamentos a productos de consumo, ignorando su naturaleza sanitaria y las especiales garantías necesarias para su dispensación y entrega al paciente”. Permitir la entrega fuera del canal farmacéutico “vaciaría de contenido la regulación de la atención farmacéutica», de modo que «la garantía de la intervención profesional y de la custodia del medicamento por un farmacéutico quedaría eliminada en favor de una alternativa sin control sanitario”.
El desarrollo de la vertiente clínica ocupa la tercera propuesta, centrada en “regular e incorporar a la cartera común del SNS los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales”. El texto defiende que estas prestaciones “son una inversión eficiente del sistema sanitario y contribuyen a mejorar los resultados en salud, favorecen el uso adecuado de los medicamentos, incrementan la adherencia a los tratamientos y ayudan a prevenir problemas relacionados con la medicación”. Para garantizar la equidad territorial en todo el Estado, la profesión pide que la experiencia acumulada en distintas comunidades autónomas en ámbitos como la adherencia, los Sistemas Personalizados de Dosificación, la revisión de la medicación, el seguimiento farmacoterapéutico, los cribados o la cesación tabáquica “evolucione desde iniciativas de éxito llevadas a cabo ya en comunidades autónomas, hacia servicios evaluados, financiados y accesibles con total equidad territorial mediante su incorporación a la cartera común del SNS”.
Acceso hospitalario y modelo territorial
La cuarta línea de actuación plantea “acercar los medicamentos a los pacientes y no los pacientes a los hospitales y eliminar la figura de las reservas singulares”. La corporación farmacéutica toma como referencia las experiencias de dispensación colaborativa desarrolladas en numerosas comunidades autónomas para solicitar su extensión al conjunto del territorio nacional. Este modelo permite que los pacientes accedan a sus tratamientos hospitalarios a través de la farmacia comunitaria, “en coordinación con los servicios de farmacia hospitalaria y con todas las garantías sanitarias”. Asimismo, el texto aboga por suprimir las reservas singulares de medicamentos de dispensación comunitaria “restringidos al canal hospitalario en el SNS por motivos económicos o de gestión”, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios al hospital a “personas mayores, pacientes crónicos, dependientes o residentes en zonas rurales”.
El sostenimiento económico de la red asistencial constituye el eje de la quinta propuesta, que reclama “garantizar la sostenibilidad de las farmacias comunitarias como una infraestructura sanitaria estratégica para el acceso equitativo a los medicamentos”. El Consejo General sostiene en su documento que “no puede haber un SNS sostenible sin una red de farmacias sostenible”. Por este motivo, insta a los futuros responsables políticos a compatibilizar las medidas orientadas a la eficiencia y la sostenibilidad con la viabilidad de la red de boticas, “evitando medidas que puedan comprometer su capacidad para seguir contribuyendo al acceso universal de los pacientes a los medicamentos y a servicios de salud pública”.
En sexto lugar, la profesión solicita “promover una política del medicamento centrada en el paciente que garantice el acceso, la disponibilidad y la continuidad de los tratamientos”. El documento subraya que las decisiones regulatorias deben situar al paciente en el centro, asegurando la equidad, preservando la disponibilidad y favoreciendo “el acompañamiento profesional necesario para promover su uso seguro y adecuado, especialmente en pacientes crónicos, personas mayores y vulnerables”. Según recoge el texto, “la continuidad de los tratamientos, la adherencia terapéutica y el acompañamiento por parte de los profesionales sanitarios deben constituir elementos centrales de cualquier medida que afecte a la prestación farmacéutica”.
La séptima y última propuesta aborda la transformación tecnológica del sector, apostando por “la integración efectiva de la red de farmacias en la digitalización del SNS y garantizar la supervisión profesional de la IA en salud”. El Consejo General reclama que la digitalización sanitaria integre plenamente y de forma coordinada a la farmacia comunitaria con el resto del sistema asistencial, “avanzando más allá de la interoperabilidad de la receta electrónica y aprovechando experiencias de éxito de algunas comunidades autónomas”. Esta integración, realizada con la colaboración de la Organización Farmacéutica Colegial, resulta relevante ante el desarrollo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios “tanto para mejorar la atención al paciente como para aprovechar su potencial como red de inteligencia sanitaria”. Finalmente, el texto exige que “el creciente uso de soluciones basadas en Inteligencia Artificial en salud requieren que estas herramientas sean siempre supervisadas por profesionales sanitarios, como garantía de seguridad”.



María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).:
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.:
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia:
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: