El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) destinada a garantizar la continuidad de la prestación farmacéutica en el medio rural de la comunidad. La iniciativa insta a la Junta de Castilla y León a desarrollar una estrategia de prevención y planificación que evite interrupciones en el acceso a los medicamentos en los pequeños municipios.
La propuesta solicita al Ejecutivo autonómico la elaboración de un mapa actualizado de los municipios con riesgo de pérdida o interrupción de la prestación farmacéutica en el entorno rural. Este instrumento deberá identificar las causas y los factores de vulnerabilidad de cada localidad para establecer un sistema de detección y planificación anticipada que permita actuar antes del cierre definitivo de una oficina de farmacia.
Junto a esta herramienta de diagnóstico, los procuradores instan a agilizar, dentro del marco normativo aplicable, la autorización y puesta en funcionamiento de botiquines farmacéuticos y otras alternativas previstas legalmente. Para ello, la iniciativa plantea reforzar la colaboración tanto con los profesionales de farmacia como con las entidades locales con el objetivo de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada municipio.
El tercer eje de la proposición fija un horizonte temporal concreto para la acción administrativa. El texto reclama a la Junta que elabore y remita a las Cortes, en el plazo máximo de seis meses, un plan de actuación dirigido a los municipios con dificultades de acceso a la prestación farmacéutica. Este documento tendrá que detallar las medidas previstas, el calendario de ejecución, los responsables de su desarrollo y los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados.
En la exposición de antecedentes, los firmantes subrayan que la prestación farmacéutica constituye un servicio sanitario esencial para el bienestar de la población, con especial relevancia en las zonas rurales donde las distancias, las dificultades de transporte y el envejecimiento demográfico limitan el acceso a los recursos sanitarios. Asimismo, destacan que las oficinas de farmacia desempeñan una función de proximidad que trasciende la mera dispensación de medicamentos, ya que facilitan el seguimiento de los tratamientos, la orientación farmacéutica y la atención cotidiana a personas mayores, pacientes crónicos y ciudadanos con problemas de movilidad.
Factores de vulnerabilidad en el territorio
La iniciativa describe las dificultades estructurales que comprometen el mantenimiento de este servicio en Castilla y León, una comunidad caracterizada por la dispersión territorial y la abundancia de municipios con población reducida. Según recoge el documento parlamentario, la jubilación de los titulares de las oficinas de farmacia, la falta de profesionales dispuestos a asumir su continuidad, la escasa viabilidad económica de determinadas instalaciones y los obstáculos para encontrar sustitutos provocan el cierre de establecimientos y dejan a los vecinos sin un recurso sanitario básico. Esta situación adquiere mayor gravedad en aquellas localidades sin alternativas cercanas cuyos habitantes dependen de desplazamientos a otros términos municipales para obtener sus tratamientos.
Como ilustración reciente de este problema, el texto cita el caso de la localidad burgalesa de Valdeporres, donde se produjo la apertura de un botiquín farmacéutico tras permanecer diez meses sin servicio. Para los procuradores socialistas, aunque la puesta en marcha de este recurso permite recuperar parcialmente la atención de proximidad, su horario limitado y las circunstancias previas a su apertura evidencian la necesidad de anticiparse a los cierres y disponer de mecanismos que impidan periodos prolongados sin acceso a medicamentos.
El grupo proponente sostiene que las fórmulas previstas en la normativa vigente, como los botiquines farmacéuticos, solo resultan eficaces si su tramitación se ejecuta con la máxima agilidad posible y si existe una planificación previa que identifique las necesidades locales antes de que el servicio quede interrumpido. Por este motivo, rechaza limitar la respuesta institucional a actuaciones puntuales posteriores al cierre y reclama disponer de información actualizada sobre factores como la edad de los titulares, la disponibilidad de profesionales, la evolución demográfica, la distancia a otras farmacias y las dificultades de desplazamiento.
Según concluye la fundamentación de la iniciativa, garantizar la continuidad de la prestación farmacéutica en el medio rural supone una cuestión de equidad territorial e igualdad en el acceso a los servicios sanitarios. El documento defiende que los habitantes de los pequeños municipios deben contar con alternativas adecuadas para acceder a sus medicamentos sin que el lugar de residencia represente una desventaja, motivo por el cual urge a la Junta a impulsar una estrategia de prevención, planificación y actuación adaptada a cada territorio.



María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).:
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.:
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia:
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: