El Parlamento de Cantabria ha dado este lunes luz verde a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. El nuevo marco normativo financiero entrará en vigor el próximo 1 de mayo, tras culminar una tramitación parlamentaria en la que se incorporaron 56 enmiendas parciales de las 429 presentadas por los diferentes grupos.
El presupuesto diseñado para este ejercicio se sustenta, según el Ejecutivo cántabro "sobre los principios de prudencia y eficiencia, con un objetivo de déficit cero". En el desglose de las partidas, destaca el marcado carácter social de la planificación económica, que prioriza la sostenibilidad financiera del sistema público. El Gobierno regional orienta la planificación para ajustar los ingresos y los gastos reales, asegurando que el desarrollo social y la atención sanitaria ocupen un lugar central en la gestión de los recursos de la comunidad autónoma durante el presente año.
La dotación económica destinada de forma conjunta a sanidad, educación y atención a la dependencia alcanza los 2.420 millones de euros en este presupuesto. De ellos, 1.320 serán destinados a Sanidad, con un incremento del 10.5% con respecto al ejercicio actual. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, el documento responde a la necesidad de dotar a la región de una estabilidad política suficiente para desarrollar el trabajo que los ciudadanos demandan y ser eficaces en la acción de gobierno.
Sostenibilidad y eficiencia del gasto público
Durante la defensa del proyecto, el consejero Agüeros subrayó que las cuentas de 2026 constituyen un instrumento responsable y constructivo que mantiene la base del proyecto original presentado el pasado mes de octubre. La estrategia presupuestaria busca ofrecer un marco de entendimiento que permita solucionar los problemas que preocupan a los ciudadanos cántabros mediante una planificación orientada a resultados. Con la luz verde definitiva del Parlamento, la administración inicia una fase centrada en la ejecución de las partidas aprobadas para impulsar el crecimiento económico y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, compareció tras la finalización del pleno de aprobación para valorar el resultado de la votación. El Ejecutivo consideró que, con la validación de estas cuentas, la comunidad afronta el resto del año 2026 en las mejores condiciones posible para reforzar los servicios públicos esenciales. La entrada en vigor el 1 de mayo marca el inicio operativo de una ley que busca consolidar el modelo de gestión social defendido por el Gobierno autonómico desde el comienzo de su mandato.
Lilisbeth Perestelo: 
