La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha celebrado la articulación del primer protocolo estatal diseñado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS). Este marco persigue examinar y monitorizar de forma continuada la integración de los pacientes dentro de los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Según defendió la propia entidad, este avance supone «un importante paso para consolidar la participación de los pacientes como una parte estructural de los procesos de evaluación», dado que posibilita conocer si toman parte activa, a través de qué fórmulas lo hacen y qué grado de influencia tienen sus contribuciones.
El nuevo esquema quedó recogido en un artículo de difusión científica en la revista ‘International Journal of Technology Assessment in Health Care’. Dicha herramienta fue el fruto de un trabajo compartido entre las agencias evaluadoras, profesionales del sector, pacientes y sus organizaciones representativas. Esta dinámica de cooperación dio como resultado una matriz de 35 indicadores específicos vinculados a las estructuras disponibles, el desarrollo de los procesos y los resultados logrados tras las revisiones. Su objetivo fundamental consiste en facilitar una evaluación sistemática, identificar barreras y promover la mejora continuada.
En su primera aplicación práctica sobre el terreno, el protocolo analizó 49 informes de evaluación elaborados por las ocho agencias públicas adscritas a la red técnica. Los resultados cuantitativos revelaron que el 41 % de los informes incorporaron formalmente la perspectiva de los pacientes. Por el contrario, el 59 % restante de los documentos evaluados se tramitó y cerró sin contar con esta colaboración en ninguno de sus tramos de elaboración.
Esta auditoría inicial sacó a la luz una serie de deficiencias estructurales que condicionan la participación activa del colectivo. Entre los principales obstáculos identificados destacaron los plazos fijados para las evaluaciones, la elevada complejidad técnica del lenguaje empleado y los problemas detectados en la accesibilidad material de los informes sometidos a examen. Asimismo, la experiencia evidenció la necesidad de articular mecanismos estables que ofrezcan a las personas participantes una devolución clara sobre cómo se consideraron sus aportaciones en las decisiones finales.
La cooperación formal entre la plataforma y el organismo técnico dependiente del sistema de salud no constituye un hecho aislado, sino que data de 2021. En aquel año, la entidad representativa de las personas con enfermedades crónicas empezó a intervenir en los trabajos metodológicos destinados a mejorar la incorporación de la perspectiva de los pacientes en los procedimientos de evaluación.
Balances y retos pendientes
Desde entonces, la colaboración se mantuvo mediante el respaldo directo en la identificación de pacientes y entidades idóneas para integrarse en evaluaciones específicas, además de asumir tareas de revisión externa. En la etapa transcurrida entre julio de 2025 y abril de 2026, la organización intervino en la búsqueda de pacientes para 22 evaluaciones coordinadas por la red técnica, completando de forma paralela dos revisiones externas en diversos ámbitos asistenciales.
Para la plataforma ciudadana, la relevancia de contar con este protocolo estriba en que «permitirá pasar del compromiso con la participación a la evaluación de su aplicación real». En este sentido, la entidad incidió en que «medir la participación es imprescindible para identificar dónde se producen las principales dificultades, corregirlas y garantizar que la experiencia y las necesidades de los pacientes se incorporen de manera efectiva a las decisiones sanitarias». Por este motivo, la organización ratificó su compromiso de mantener la cooperación con las agencias públicas y las administraciones para consolidar una evaluación más transparente, accesible y «centrada en las necesidades de las personas».




María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).:
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.:
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia:
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: