El Tribunal Supremo ve innecesario reglamentar el derecho al suministro

Un fallo emitido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, si bien reconoce el derecho de los almacenes mayoristas a ser suministrados, no ve necesario reglamentarlo, tal y como había reclamado la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar).

La patronal de las empresas de distribución farmacéutica de gama completa que operan en España había interpuesto un recurso contra el Real Decreto 782/2013 sobre distribución de medicamentos, al considerar que el derecho al suministro debía ser concretado por la normativa con el desarrollo del actual artículo 69.2 de la Ley de Garantías. El Alto Tribunal  entiende que corresponde al Gobierno velar para que se satisfaga ese derecho “mediante el ejercicio de otras potestades, por ejemplo, de policía, esto es, de inspección, control y, en su caso, sanción”.

El Tribunal Supremo precisa que, en caso de que los almacenes no dispusiesen de las existencias de medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus servicios o para supuestos de emergencia o catástrofes, en los casos que resulte obligado, dos situaciones tipificadas en la Ley de Garantías como infracciones muy graves, si esta falta de existencias fuese imputable a los laboratorios sería “una cuestión que habrá que ventilar en ese procedimiento sancionador, y eso sin olvidar la responsabilidad de los laboratorios en caso de ser causantes de una situación de desabastecimiento”.

Desde Fedifar, se valora el hecho de que la sentencia reconozca el derecho a suministro de los mayoristas, aunque continúa viendo conveniente una concreción reglamentaria del mismo. “A pesar de que nuestra intención era que se desarrollase reglamentariamente este derecho al suministro, que está reconocido por la ley y que es algo que consideramos se encontraba en el espíritu de la Ley de Garantías, algo que sucede en países como Francia o Alemania, creemos que el Tribunal Supremo ha dejado claro que los almacenes mayoristas tienen ese derecho, que debe ser garantizado por el Gobierno”, apunta Miguel Valdés, director general de la patronal.