La eurodiputada socialista, Soledad Cabezón, ha instado al Gobierno español, ante el inminente debate en el Parlamento alemán para la aprobación de una nueva ley que amplíe el reconocimiento y las compensaciones a los afectados por talidomida, a que "modifique el Real Decreto 1096/2010, para que pueda adecuarse al número real de víctimas afectadas en nuestro país" y que éstos puedan ser indemnizados en otros países. "Sin este reconocimiento en España tampoco podrán optar a un reconocimiento en países como Alemania", indica. Y es que, como señala Cabezón, la normativa aplicada hasta ahora se ha mostrado "insuficiente", con un registro que sólo reconocería a 24 víctimas, "una cifra muy lejana a las más de 200 que estima la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite)".
La eurodiputada se ha mostrado esperanzada también de que el Parlamento Europeo, unánimemente y con independencia de las políticas que adopten los gobiernos a nivel individual, "dé un paso más en el reconocimiento y compensación de todas las víctimas europeas de la talidomida, con independencia del Estado miembro al que pertenezcan".
La dirigente socialista ha explicado durante su intervención el caso de Alemania, país en el que, a raíz de unos informes jurídicos y médicos, el Gobierno va a presentar, en el próximo mes de enero, una modificación de ley con el objeto de ampliar el reconocimiento para que los supervivientes que hayan sido designados como tales por los tribunales o que sean beneficiarios de planes gubernamentales nacionales puedan acceder al Fondo Especial Sanitario de la Fundación alemana Contergan.
Cuestión de dignidad
Cabezón ha precisado que la resolución se debatirá este miércoles y se votará el jueves señala una posible interferencia de la República Federal Alemana en la década de los 70 en los procedimientos penales, que habría impedido el establecimiento de las responsabilidades del fabricante. "Después de 50 años, es una cuestión no sólo de razón y justicia, sino también de dignidad", ha declarado Cabezón, recordando que "ahora le toca mover ficha a los Estados miembros, también al ejecutivo español".
Nicolas Gonzalez Casares: