Profesión

“Tenemos tres metas: más salud; recuperar la confianza del paciente y cuidar al profesional”

Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía

Desde su llegada a la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández ha apostado por reforzar la calidad asistencial, la promoción de la salud y el reconocimiento a los profesionales del sistema sanitario público. En esta entrevista, analiza los principales retos que afronta la sanidad andaluza y aborda temas clave como la relación con los ciudadanos, la gestión del medicamento y la incorporación de la inteligencia artificial en la asistencia sanitaria.

Pregunta. ¿Cuál es su balance de estos primeros seis meses como consejera de Salud?

Respuesta. Hemos tenido mucho trabajo y lo hemos afrontado con ilusión y con un equipo muy cohesionado, con un alto nivel de competencias y una gran motivación. Conocemos en profundidad el sistema sanitario andaluz porque hemos trabajado en él, en puestos de gestión durante años, yo desde 2007, y eso nos permite conocer sus fortalezas y debilidades. Nuestro objetivo es claro: ofrecer la mejor asistencia sanitaria posible y con la mayor calidad sabiendo siempre que los recursos son finitos.

P. ¿Cuáles son los principales objetivos de aquí a final de legislatura?

R. Nos hemos marcado tres grandes retos. El primero es promover alcanzar más salud para la población, entendida en un sentido integral, tal como la define la Organización Mundial de la Salud, con los valores del sistema sanitario público como la universalidad, la equidad, la calidad asistencial y la eficiencia. No se trata solo de asistencia sanitaria, sino también de prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Por eso hemos hecho una apuesta decidida por los cribados de cáncer de mama y colon y la vacunación. Tenemos muy en cuenta la evolución demográfica y somos conocedores de que eso lleva aparejado el aumento de enfermedades crónicas. Además, estamos empoderando los cuidados en todas las etapas de la vida y reforzando la atención a la salud mental, especialmente en población infantil y juvenil.

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“Creemos que el consenso es la mejor vía para la toma de decisiones en un sistema sanitario descentralizado, siguiendo los valores del sistema, que yo los tengo en el corazón”

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P. ¿Y los otros dos?

R. El segundo objetivo es recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario público. La pandemia supuso un distanciamiento, no solo físico, sino también emocional. Se paralizaron muchas actividades comunitarias y programas de salud pública, lo que generó un cierto alejamiento de la población. Ahora es el momento de reforzar la proximidad y la cercanía. El tercer gran objetivo es cuidar a los profesionales, mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios para que vuelva a haber orgullo y recuperar su sentimiento de pertenencia al sistema. Son la pieza clave del sistema sanitario y queremos que se sientan valorados y reconocidos.

P. ¿Qué dificultades existen para alcanzar estos objetivos?

R. La salud de la población no depende únicamente de la atención sanitaria. Se estima que solo el 20% de la situación de salud de una persona está influida directamente por el sistema sanitario. El resto depende de los determinantes sociales de la salud, factores como el entorno, el nivel educativo o las condiciones socioeconómicas. Por eso es fundamental un enfoque global y multidisciplinar. También es importante incrementar el nivel de responsabilidad de cada uno, que los pacientes estén informados, y el sistema sanitario andaluz estará para acompañarles. En cuanto a la recuperación de la confianza en el sistema, es esencial demostrar que la atención sanitaria está garantizada en todos los niveles. La atención primaria es el primer contacto del ciudadano con el sistema, pero también hay que garantizar el acceso a los tratamientos más innovadores. Por último, la falta de profesionales sanitarios es un problema que se veía venir desde hace más de una década. Ya entonces sabíamos que habría dificultades para cubrir determinadas especialidades. Nuestra prioridad es incrementar la accesibilidad al sistema, conciliando con la sostenibilidad del sistema y trabajando ante la falta de profesionales.

La consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández, en un momento de la entrevista.

P. Pasamos a hablar de temas de medicamentos. Hay una cuestión pendiente desde hace años en relación con las subastas. ¿Cuándo se derogarán los artículos de la Ley de Farmacia que regulan las subastas de medicamentos?

R. Elaborar una ley tiene una complejidad tremenda. Estamos trabajando en la modificación de la ley de Farmacia y, cuando tengamos avances concretos, los comunicaremos. La prioridad es garantizar la calidad de la asistencia y la sostenibilidad del sistema. Ahora mismo se sigue trabajando en esa ley y según vayamos avanzando, informaremos.

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“El farmacéutico es un especialista en el medicamento y tiene capacitación para elegir ante una prescripción de genérico el medicamento que se puede ajustar más a un paciente concreto”

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P. ¿Está previsto derogar los artículos de la subasta?

R. Ahora mismo no le puedo decir si está previsto o no. Lo que tenemos que hacer es trabajar, mirarlo todo y ver qué es lo mejor, siempre teniendo en cuenta que para quien trabajamos es para el ciudadano andaluz.

P. ¿Pero pondrán subastas de nuevo?

R. Nosotros trabajamos con total transparencia y no tenemos nada que ocultar. Vamos a seguir con el modelo actual. Está en la línea de promoción de los medicamentos genéricos y la dispensación por principio activo y además vela por la sostenibilidad del sistema. Con este acuerdo, el farmacéutico como profesional del medicamento y cercano al paciente, en el acto de la dispensación, cuando se prescriba por principio activo, tiene la potestad de elegir el preparado comercial que considere más idóneo, de entre los muchos que existen para una misma presentación.

P. Ese modelo actual está basado en la adenda al convenio entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cafof) para la promoción de genéricos y se ha generado cierta controversia. ¿Cuál es su valoración?

R. En principio se va a mantener, aunque es una cuestión que, como tantas cosas, hay que revisar ya que, por ejemplo, hay que tener en cuenta los cambios que ha habido en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en la consejería. Siempre vamos a tener en cuenta la salud de los andaluces y la seguridad del paciente y lo veremos con los colegios de farmacéuticos y las oficinas. Las farmacias comunitarias son agentes de salud fundamentales y son un aliado nuestro. En cada municipio hay un farmacéutico La colaboración con las farmacias es una vía que debemos seguir explorando para mejorar la eficiencia y garantizar la mejor atención al paciente. El farmacéutico es un especialista en el medicamento y tiene capacitación para elegir ante una prescripción de genérico el medicamento que se puede ajustar más a un paciente concreto, teniendo en cuenta cuestiones como los excipientes.

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“Nuestra prioridad es incrementar la accesibilidad al sistema, conciliando con la sostenibilidad del sistema y trabajando ante la falta de profesionales”

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P. Recientemente se ha impulsado la posibilidad de que los farmacéuticos puedan hacer sustituciones de medicamentos en función de criterios clínicos. ¿Es una línea que se pretende reforzar?

R. Contamos con profesionales con un alto nivel de cualificación y es lógico que puedan desarrollar al máximo sus competencias. Tenemos que trabajar todos juntos y cada uno tiene un papel respecto de su cualificación y competencias.

P. ¿Qué papel deben desempeñar las farmacias comunitarias en el sistema sanitario público?

R. Son agentes de salud fundamentales. No solo dispensan medicamentos, sino que tienen un papel clave en la educación sanitaria, el seguimiento farmacoterapéutico y la coordinación con los centros de salud. Durante la pandemia se demostró que las farmacias son un punto de apoyo esencial para los ciudadanos y el sistema sanitario. Queremos seguir avanzando en esa línea de colaboración.

P. ¿Cómo se está trabajando para mejorar el acceso del farmacéutico a la información sanitaria del paciente?

R. En Andalucía ya hay pilotajes en marcha para mejorar esta coordinación, siempre dentro del marco legal que protege la privacidad de los datos clínicos.

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“Los proveedores también deben asumir responsabilidades económicas si no se cumplen objetivos determinados en los contratos”

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P. En materia farmacéutica nacional, ¿qué demanda del Ministerio de Sanidad tanto a nivel legislativo como en relación con la participación en los distintos procedimientos relacionados con los medicamentos (CIPM, IPT…)?

R. Cuando hablamos de la salud de los ciudadanos, es esencial que todas las decisiones se tomen en base al consenso y el diálogo y, por supuesto, escuchando a las comunidades autónomas.

P. ¿Qué valoración realiza del próximo real decreto de Evaluación de tecnologías sanitarias?

R. Nuestra comunidad autónoma ha realizado aportaciones al mismo en el trámite de Audiencia del proyecto de Real Decreto y estamos pendientes de la incorporación de estas al texto definitivo.

P. ¿Cómo habría que innovar en procesos para la fijación de precios? ¿Qué reforma requeriría este procedimiento?

R. La fijación de precios es un proceso crítico que afecta tanto a la sostenibilidad financiera del sistema como al acceso equitativo a tecnologías, medicamentos y servicios de salud de calidad. Innovar en este procedimiento requiere una transformación profunda basada en la transparencia, la eficiencia y el uso de herramientas avanzadas, siempre teniendo como objetivo el ‘valor salud’. Para ello, debemos tener el compromiso de evaluar resultados de manera continua, vincular los precios a los beneficios clínicos demostrados y apostar por el riesgo compartido: los proveedores también deben asumir responsabilidades económicas si no se cumplen objetivos determinados en los contratos.

P. La llegada de nuevos medicamentos plantea un reto para las comunidades autónomas. ¿Cómo afronta Andalucía este desafío?

R. Es un reto complejo. Debemos garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos y abordar la gestión teniendo en cuenta el principio de justicia y desde el punto de vista de la ética, pero también teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema.

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“La colaboración público-privada es necesaria para garantizar la asistencia sanitaria en determinadas circunstancias”

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P. Vamos a analizar aspectos de política más nacional. ¿Cómo valora la relación con la ministra de Sanidad, Mónica García?

R. No me gusta este tipo de valoraciones. Nuestra relación se desarrolla en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el órgano de coordinación y consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Es un espacio de trabajo técnico donde debemos buscar el consenso para garantizar la mejor atención sanitaria en todo el país.

P. Trabajar juntos, co gobernanza, ¿cómo valora este concepto?

R. España es un país muy complejo con competencias sanitarias en 17 comunidades autónomas, tan distintas como La Rioja y Andalucía. La co gobernanza no es fácil, pero como todos trabajamos por la salud, debemos ir juntos con consenso.

P. Hablando de consenso… ¿cree que es necesario redefinir el papel y regulación del Consejo Interterritorial?

R. Actualmente, existe un debate jurídico sobre su funcionamiento. La Ley de Cohesión de 2003 es específica y establece que debe regirse por consenso, mientras que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015, más global, lo define como un órgano de votación. Creo que la norma más adecuada para el Interterritorial es la de Cohesión, que tal vez haya que actualizarla. Desde Andalucía creemos que el consenso es la mejor vía para la toma de decisiones en un sistema sanitario descentralizado, siguiendo los valores del sistema, que yo los tengo en el corazón y es lo que nos guía.

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“Estamos trabajando en la modificación de la ley de Farmacia y, cuando tengamos avances concretos, los comunicaremos”

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P. El Gobierno central también ha planteado limitar los conciertos sanitarios e incluso llegar a derogar la Ley 15/1097. ¿Qué opinión le merece?

R. La colaboración público-privada es necesaria para garantizar la asistencia sanitaria en determinadas circunstancias. En Andalucía, los conciertos existen desde hace décadas y nos permiten cumplir con los decretos de garantía en intervenciones quirúrgicas. La clave es que esta colaboración se haga con transparencia y dentro del marco jurídico y teniendo en cuenta la sostenibilidad del sistema y ser eficientes.

P. Pero hacer uso de esos conciertos, ¿es privatizar la sanidad?

R. No, es colaborar. En nuestro caso, los decretos de garantía vienen desde 2001 y ha habido años, como en 2014, en que el concierto llegó a un 5,05% y este 2025 será menos de un 3,7%. No podemos decir que se esté privatizando. El objetivo es prestar la mejora atención, con la máxima calidad, a los pacientes andaluces.

P. Pasemos ya a otros asuntos. Andalucía está apostando por la inteligencia artificial en la gestión sanitaria. ¿Cuáles son los principales objetivos en este ámbito?

R. La inteligencia artificial tiene un enorme potencial, pero siempre debe implementarse dentro de un marco legal y con garantías de seguridad. Andalucía lleva años trabajando en su big data a través de la base poblacional de salud, que incluye determinantes sociales y nos permite avanzar hacia modelos predictivos en salud de la mano de la Fundación Progreso y Salud. Actualmente, estamos desarrollando proyectos con modelos predictivos en cáncer de ovario, hepatocarcinoma y cáncer de pulmón, con el objetivo de ayudar a anticiparnos en la detección y mejorar los tratamientos en fases tempranas, con lo que será menos agresivos, mejoraremos la supervivencia y también la calidad de vida.

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“Es fundamental un enfoque global y multidisciplinar, pero también es importante incrementar el nivel de responsabilidad de cada uno”

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P. ¿Cómo afectará la puesta en marcha del Espacio Europeo de Datos de Salud?

R. Facilitará el acceso a datos de salud de toda la población europea, lo que permitirá mejorar la investigación y la gestión sanitaria. En Andalucía hemos creado una Dirección General de Sistemas de Información y Comunicación para garantizar que todo este proceso se lleve a cabo con rigor y respetando siempre la privacidad de los datos clínicos, que pertenecen al paciente.

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