La salud ha dejado de ser una cuestión subordinada en la agenda comunitaria. La creación de SANT, el nuevo comité legislativo permanente del Parlamento Europeo dedicado exclusivamente a los asuntos de salud humana, marca un antes y un después en el papel que la Unión Europea (UE) quiere desempeñar en este ámbito. El cambio estructural, que supone separar la salud del tradicional comité de Medio Ambiente (ENVI), responde a una necesidad política y estratégica: fortalecer la soberanía sanitaria del continente tras la experiencia pandémica.
Así se puso de manifiesto en el coloquio ‘Prioridades en Sanidad del Parlamento Europeo para la legislatura 2024-2029’, que reunió a tres eurodiputados españoles de referencia en el ámbito sanitario: Elena Nevado (PP, EPP), Nicolás González Casares (PSOE, S&D) y Margarita de la Pisa (Vox, PfE), quienes debatieron en profundidad sobre las prioridades de la legislatura 2024-2029. El encuentro, organizado por Diariofarma, y moderado por su director, José María López Alemany, forma parte del ciclo Revisión de la Política Farmacéutica en España, que se ha venido llevando a cabo con el apoyo de Novartis, Pfizer, Lilly y MSD.
A lo largo del mismo, se pudo profundizar en aspectos como las implicaciones geopolíticas en el ámbito sanitario y farmacéutico, la necesidad de reindustrialización europea, la situación del paquete legislativo farmacéutico, los desafíos medioambientales, así como el nuevo Plan Europeo de Salud Cardiovascular.
Los tres eurodiputados coincidieron en valorar positivamente la creación de SANT, aunque con matices. “Ahora tenemos capacidad legislativa propia, lo que antes no existía dentro de una subcomisión”, señaló Elena Nevado, quien también advirtió del recelo que aún persiste desde ENVI por la pérdida de competencias.

Nicolás González Casares defendió la consolidación del comité, pero alertó de los riesgos de legislar sin base científica: “Necesitamos un marco regulatorio estable, predecible y basado en la ciencia”, que en estos momentos de inestabilidad geopolítica, ofrecerá “ventajas competitivas”. Esta comisión cuenta con suficiente entidad y ayudará a realizar debates estructurados y más focalizados en la salud. No obstante, consideró necesario dejar claro que esta capacidad legislativa no debería “servir de base para una hiperregulación”.
Por su parte, Margarita de la Pisa celebró que SANT permita un enfoque sanitario más puro: “En ENVI primaba la visión medioambiental”. No obstante, a partir de este momento, se mostró convencida en que será posible trabajar con una perspectiva más sanitaria y quiso reclamar una fluida relación con pacientes y empresas: “Cuánto más escuchemos y más plasmaremos sus ideas y las propuestas del Parlamento y la Comisión serán más prácticas”.
La salud, concluyeron, ya no puede desligarse de otras prioridades estratégicas como la seguridad, la competitividad y la autonomía industrial.
Como elemento de relevancia, se puso de manifiesto que en esta nueva legislatura, la composición del Parlamento hace necesario siempre el concurso del Partido Popular Europeo, pudiendo optar para alcanzar las mayorías hacia la izquierda o hacia la derecha. En legislaturas previas, las mayorías siempre tenían que contar con EPP y S&D.
Prioridades políticas y legislación farmacéutica
Uno de los puntos centrales del coloquio fue la revisión de la legislación farmacéutica europea. Los tres eurodiputados coincidieron en la necesidad de completar el proceso en esta legislatura, pero con diferencias en el enfoque y los mecanismos prioritarios. Todos también consideran que es muy difícil que el semestre polaco alcance ni siquiera un acuerdo general ya que hay escollos, principalmente el tema de los incentivos.
Elena Nevado defendió que uno de los grandes hitos del mandato debe ser cerrar el paquete farmacéutico, además de desarrollar normativas paralelas como la Ley de Medicamentos Críticos, los planes europeos de salud mental y cardiovascular, o el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. En su intervención, remarcó que el objetivo último de todas estas iniciativas debe ser “reforzar los sistemas públicos de salud”, con equidad y atención centrada en el paciente.

“Tenemos que actuar contra la dependencia exterior. Europa no puede permitirse desabastecimientos y depender de Asia o Estados Unidos para producir antibióticos o medicamentos esenciales”, advirtió la eurodiputada popular. Además, destacó que ya se están tomando medidas: “El comisario Várhelyi anunció que los incentivos a la industria pueden llegar incluso antes que la Ley de Medicamentos Críticos”.
En paralelo, Nicolás González Casares señaló que la clave de este paquete legislativo “sigue siendo el debate sobre los incentivos”. El portavoz socialista recordó que existen diferencias entre países, ya que algunos no tienen industria farmacéutica asentada en sus territorios y, por el contrario, sufren con mayor impacto los problemas de abastecimiento y acceso. “Se sienten huérfanos en las ganancias que pueden obtener” en el debate de los incentivos, señaló al tiempo que indicó que Polonia es uno de ellos. Situación distinta es la de Dinamarca, que ostentará la presidencia del Consejo a partir del 1 de julio. Por ello, González Casares cree que se puede pasar de una posición a otra muy distinta si el liderazgo del acuerdo lo lleva Polonia o Dinamarca.
En cualquier caso, González Casares rechazó cualquier enfoque que sacrifique el rigor técnico por la rapidez: “No vamos a priorizar la velocidad sobre los resultados”. En este sentido, consideró que se debe llegar a un acuerdo en el que la innovación desarrollada en Europa debe ser premiada, y pidió que se distinga entre empresas que investigan en territorio comunitario y las que no: “Si alguien innova en Europa, debe tener una recompensa”.
Desde Vox, Margarita de la Pisa defendió la necesidad de proteger la excelencia sanitaria europea sin ahogar al sector. Para su grupo es importante que “se garantice que el sector de la salud en Europa siga siendo referencia mundial”, ya que la única manera de garantizar la salud a los europeos es conseguir un sistema competitivo y potente a nivel empresarial, destacó.

La representante de Vox reivindicó que el paquete farmacéutico debe encontrar un “equilibrio entre accesibilidad y desarrollo”, evitando políticas que penalicen a quienes investigan y premiando a quienes avancen en excelencia sanitaria ya que “igualar no debe significar bajar estándares; queremos altos estándares para todos”.
Los tres eurodiputados coincidieron en que los trílogos legislativos serán complejos, especialmente por el cambio en la composición política del Parlamento Europeo. Todos destacaron el papel clave que jugará la presidencia danesa del Consejo para el paquete farmacéutico, aunque no se espera una resolución definitiva en el primer semestre del año.
Autonomía estratégica y reindustrialización sanitaria
La cuestión de la autonomía estratégica y la reindustrialización sanitaria apareció de forma reiterada durante el coloquio, tanto desde una perspectiva sanitaria como geopolítica. El consenso fue claro: la pandemia y el actual contexto internacional obligan a Europa a recuperar capacidades industriales en el sector salud y farmacéutico.
Elena Nevado apuntó que el Partido Popular Europeo “trabajará para reforzar los sistemas de salud, garantizar la equidad en el acceso a la sanidad pública, y sobre todo para reforzar un sector estratégico, como el farmacéutico, que ha perdido competitividad. Este sector, apuntó Nevado, genera cientos de puestos de trabajo y de él dependen la salud de millones de europeos”.
Además, subrayó que el reto no es solo tecnológico o económico, sino también de seguridad: “Invertir en salud debe ser parte de la estrategia de Defensa”, explicó al tiempo que recordaba que una crisis sanitaria, como la pandemia, puso en jaque nuestra forma de vida.
En materia de impulso a la innovación, consideró que Europa debe invertir mucho más en I+D farmacéutica, que se sitúa en el 0,06% del PIB, frente al 5% de Estados Unidos. A este respecto, consideró que se podría utilizar parte de los 800.000 millones de euros de Defensa del fondo de competitividad europeo. Por otro lado, también defendió reducir los tiempos de aprobación de medicamentos: “No puede ser que en Europa se tarden más de 400 días y en Estados Unidos 334”. Por ello, Nevado planteó como algo “urgente” reducir la burocracia, facilitar al sector que investigue y que los medicamentos lleguen al mercado y puedan comercializarse, de esta forma “volveremos a ser líderes en este campo”, aseveró.

Desde el PSOE, Nicolás González Casares coincidió en que impulsar la producción local es necesaria, pero advirtió de los riesgos del proteccionismo. “No podemos producirlo todo. Hay interdependencias globales que debemos mantener”, indicó. No obstante, defendió que la Ley de Medicamentos Críticos debe servir para impulsar una producción estratégica, con apoyo financiero y evaluación coordinada de proyectos entre Estados miembros.
También subrayó que las compras conjuntas pueden usarse como incentivo para la producción europea, aunque pidió evitar que se apliquen sin criterios claros: “No puede abrirse la puerta a que se generalice la compra conjunta sin justificación sanitaria. Debe haber riesgo, desabastecimiento y urgencia”.
Margarita de la Pisa centró su intervención en la necesidad de hacer atractiva Europa para producir. “Si producir en Europa no es viable, no servirá imponer por la fuerza. Hay que ajustar la burocracia, costes y seguridad jurídica”, explicó. Por ese motivo, defendió una estrategia pro-competitividad que no penalice a las empresas con ánimo de lucro, y pidió abandonar la visión que enfrenta lo público y lo privado y que ataca a quien tiene éxito. “Cuando una empresa da beneficios, eso se transforma en impuestos, empleo y desarrollo. No es una amenaza, es una oportunidad”.
En cuanto al marco institucional, los tres coincidieron en que una gobernanza europea coordinada pero respetuosa con los marcos nacionales es fundamental. Se pidió reforzar los vínculos entre los Estados miembros, las agencias regulatorias, el sector y los pacientes, sin fricciones competenciales.
Impacto medioambiental
Uno de los momentos más intensos del coloquio se produjo al abordar las consecuencias de la Directiva europea de aguas residuales y la aplicación del principio ‘quien contamina paga’, que impone al sector farmacéutico y cosmético una responsabilidad del 80% coste del tratamiento de microcontaminantes.
Elena Nevado expresó sus dudas sobre el reparto de responsabilidades y la proporcionalidad de la norma. “Me parece un despropósito que casi toda la carga recaiga en un solo sector. También deberían implicarse otros actores y contemplar la responsabilidad de los sistemas públicos”. Propuso que la Comisión revise el impacto real de la directiva y, si procede, posponga su aplicación: “Lo mínimo sería esperar a tener datos sólidos y una evaluación rigurosa antes de aplicar esta carga económica”.
Margarita de la Pisa criticó los efectos negativo de los excesos regulatorios en materia ambiental y, además, fue muy contraria con el enfoque de la normativa de aguas: “No me gusta el principio ‘quien contamina paga’, porque penaliza la iniciativa. El sector farmacéutico no debería ser señalado como responsable ambiental cuando ofrece soluciones de salud”. A su juicio, el debate se ha ideologizado y se están tomando decisiones sin evidencia clara: Estamos aprobando directivas sin evaluar el impacto económico, social o tecnológico, apuntó.
Nicolás González Casares defendió la base científica del principio medioambiental, pero reconoció que puede haberse forzado la máquina: “El coste estimado por la Comisión era de 3.000 millones para toda Europa. El sector dice que solo en Alemania ya se superaría esa cifra. Propuso que, si se confirma ese desfase, se modifiquen los plazos de implementación o se reparta el coste de otro modo.
En cualquier caso, todos coincidieron en que la Comisión Europea debe revisar el impacto económico de la directiva y decidir si cabe su inclusión en un paquete Ómnibus de revisión normativa, como ya se ha hecho con otros sectores industriales, como el automovilístico. Mientras tanto, subrayaron la necesidad de reforzar la interlocución entre la industria, los Estados miembros y el Parlamento Europeo para evitar errores de implementación.
Biotecnología y datos sanitarios
La transformación digital y la innovación emergieron como ejes estratégicos dentro del debate sobre autonomía e investigación. Todos los intervinientes defendieron el impulso de la biotecnología como sector prioritario para la UE, aunque con enfoques diferenciados sobre su regulación y relación con la industria farmacéutica.
Margarita de la Pisa confirmó que será ponente del informe parlamentario sobre biotecnología aplicada a la salud para la Ley de Biotecnología y pidió colaboración a los agentes del sector para plantear sus demandas y que no ocurra como con la Directiva de Aguas. La portavoz de Vox defendió que esta iniciativa debe “evitar errores pasados, ser técnicamente solvente y no estar ideologizada”. Recordó que la Comisión de Industria (ITRE) ya está desarrollando una propuesta más amplia, mientras que el texto específico de la Comisión de Salud se tramitará en otoño: “Ahora es un buen momento para plantear enmiendas. Vamos a trabajar para que Europa no pierda la carrera biotecnológica”.
Desde su grupo, pidió que la legislación europea acompañe al desarrollo científico y reclamó un marco regulatorio claro, ágil y coherente con los objetivos de inversión, acceso y competitividad. También reiteró su defensa de una colaboración eficaz entre el sector público y privado.
Por su parte, Nicolás González Casares reclamó que la futura legislación incentive la innovación en Europa, pero con mecanismos de evaluación robustos en materia de datos, por lo que instó a establecer salvaguardas que “impidan abusos o capturas de datos masivos”. En ese sentido, defendió que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios es clave, pero debe protegerse frente a actores ajenos al entorno europeo: “La barrera regulatoria debe estar antes de que suceda el problema, no después”.
Elena Nevado coincidió en la necesidad de avanzar en el uso de datos para investigación, pero advirtió que sin una ciberseguridad sólida, los riesgos para la salud pública serían inasumibles: “Seríamos frágiles si el enemigo accede a datos clínicos o vulnerabilidades de nuestros sistemas”. Subrayó que este es un aspecto estratégico que también debe formar parte del debate sobre seguridad y defensa. Por ello, insistió en que “la sanidad debe incluirse en el marco de defensa europea”.

Además, se mostró confiada en que la legislación biotecnológica podrá ofrecer oportunidades reales para el sector, siempre que se aplique con racionalidad. En este sentido, indicó que habitualmente nadie discute los objetivos de las legislaciones europeas, aunque sí el cómo y cuándo se establecen las obligaciones, indicó.
Plan europeo de salud cardiovascular
El último de los asuntos abordados fue el futuro Plan Europeo de Salud Cardiovascular. Los tres eurodiputados coincidieron en la necesidad urgente de abordar estas enfermedades desde una perspectiva preventiva, siguiendo el modelo del Plan Europeo contra el Cáncer.
Elena Nevado defendió la puesta en marcha del plan, dado que “es la primera causa de muerte en la Unión Europea”, señaló. Subrayó que, aunque España ya dispone de una estrategia nacional, no ocurre lo mismo en otros países. Además, hizo un llamamiento a incorporar el enfoque de género en los diagnósticos y tratamientos.
Desde el PSOE, Nicolás González Casares valoró positivamente el impulso del plan, al que ve como una continuación lógica del trabajo realizado en la comisión especial de lucha contra el cáncer (BECA). Además, abogó por un enfoque basado en datos, evidencia científica y evaluación de impacto real. Igualmente, insistió en que la prevención debe ser el eje del plan, con atención a factores como la obesidad, el tabaquismo o la dislipemia.
Margarita de la Pisa, también puso en valor el trabajo previo realizado en la comisión BECA y apostó por trasladar ese modelo metodológico al plan cardiovascular: “Cuando hay tiempo, interlocución y propuestas concretas, los debates se desideologizan y los resultados son útiles para los ciudadanos”. A su juicio, esta estrategia debe centrarse en la prevención, el cribado y el aprendizaje mutuo entre Estados miembros.
Destacó que la cultura mediterránea puede ser un activo a compartir: “No solo nuestra alimentación, también nuestra forma de relacionarnos explica nuestra alta esperanza de vida. No perdamos de vista el impacto de la soledad y la salud mental”. Aprovechó para subrayar que esta última será también una prioridad en la legislatura, como confirmó el comisario Várheli en su comparecencia reciente.
Fotos: Irene Medina