El modelo ‘open house’, vía para una contratación más eficiente y sin exclusiones

La transformación de la compra pública de medicamentos ha encontrado en el modelo open house una de sus principales vías de evolución. Así se puso de manifiesto durante las III Jornadas de Contratación Pública Estratégica, un encuentro que reunió a expertos en Derecho Administrativo, gestores sanitarios y representantes de la industria para debatir los retos del sistema actual y explorar fórmulas innovadoras que garanticen un suministro sostenible y competitivo.

Este fue uno de los temas centrales de esta jornada, organizada por Sandoz, en la que se puso de manifiesto que el open house se trata de una fórmula ya implantada en países como Alemania y que ha recibido el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sesión se analizó su aplicación práctica y su encaje legal, así como su potencial para minimizar los efectos de los desabastecimientos, una preocupación creciente en los últimos años. Este sistema es muy similar al que propone el borrador del anteproyecto de Ley de los Medicamentos conocido en diciembre, en su artículo 118, donde no se limita a medicamentos innovadores, sino que también alcanza a genéricos y biosimilares.

Desde la óptica de la industria, el modelo open house resulta especialmente útil para evitar las barreras de entrada derivadas de los concursos tradicionales, donde el adjudicatario exclusivo puede bloquear el acceso de otros agentes, dificultando la incorporación de nuevos productos y reduciendo la capacidad de respuesta ante problemas de suministro.

La clave de este modelo es que la Administración fija un precio máximo de financiación para un medicamento. A partir de ahí, las comunidades autónomas pueden establecer condiciones de suministro comunes a las que se pueden adherir todos los laboratorios que lo deseen, siempre que cumplan con los requisitos y acepten el precio o el descuento correspondiente. Según explicó Jesús Vidart, director de Acceso a Mercado en Sandoz Iberia, moderador de la jornada, “las comunidades autónomas podrían poner un porcentaje de descuento superior al que marca el Ministerio”. Este mecanismo se presenta como una forma de evitar guerras de precios incontroladas y, al mismo tiempo, permitir que todas las compañías con producto disponible puedan ofrecerlo en condiciones homogéneas y evitando riesgos en forma de desabastecimientos futuros. “Lo que te permite esto es que haya muchos más actores en el mercado, fomenta la competencia”, argumentó, al tiempo que destacó que esta apertura hace más atractivo el mercado español para las compañías que, de otro modo, podrían optar por no lanzar sus productos en España.

Un cambio hacia la estrategia

Durante la inauguración de la jornada, Vidart subrayó que el compromiso de su compañía con el acceso a la salud de los pacientes es lo que les “inspira para crear espacios de reflexión alrededor de una contratación pública innovadora, junto a todos los actores sanitarios”. Una visión compartida por muchos de los ponentes, como el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliú, que defendió la necesidad de abandonar “un caduco modelo economicista” y avanzar hacia fórmulas de contratación que integren eficiencia, equidad y sostenibilidad.

En palabras de Gimeno Feliú, la contratación pública debe responder a principios de buena administración y ser capaz de conciliar los distintos intereses públicos en juego. “La necesaria eficiencia del modelo prestacional público debe preservar el adecuado equilibrio con otros principios y exigencias regulatorias, en especial, con la mejor asistencia pública a todos los ciudadanos”, apuntó.

Por ello, este experto consideró “necesario avanzar hacia una contratación pública global que, sí o sí, debe ser responsable, sostenible, limpia e innovadora, pues de lo contrario se alejará de los estándares debidos de integridad y, por ende, de la buena administración” e instó a los gestores a avanzar por un “camino” que no es el de la burocracia, sino el de la estrategia: “No es el precio y el ahorro, sino el valor y la inversión. Y no es el inmovilismo sino la innovación, también en lo organizativo”, sentenció.

Más allá del precio

Uno de los aspectos que más preocupa a las compañías de genéricos y biosimilares es que los contratos públicos valoren únicamente el precio, sin tener en cuenta mejoras que puedan aportar valor añadido para los pacientes o los profesionales. Según explicó Vidart a Diariofarma, este tipo de empresas reclaman que se reconozcan “las innovaciones en dispositivos de administración” y otras mejoras asociadas al producto, lo que permitiría diferenciar propuestas y fomentar una competencia basada también en la calidad, la facilidad de uso o la adherencia al tratamiento, y no solo en el coste por unidad.

A lo largo de estas dos jornadas, más de 150 expertos trataron en profundidad diferentes materias en el ámbito de la contratación pública, destacando su relevancia para promover cambios que permitan utilizar la contratación como una herramienta de política pública.

Durante el encuentro, también se abordaron otros elementos fundamentales de la contratación pública estratégica, como la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales, así como el papel de las centrales de compra. Tal como recogía la nota de prensa del evento, “convertir la contratación en un motor de transformación social centrado siempre en los pacientes” fue una de las ideas fuerza defendidas durante las sesiones. Además, se señaló que las centrales de compras deben ser instrumentos no solo para optimizar costes, sino también para mejorar la calidad asistencial y garantizar el acceso equitativo a los tratamientos.

Por su parte, las centrales de compras de medicamentos simplifican enormemente los procesos de adquisición, reduciendo la burocracia y agilizando la logística. Aseguran un suministro constante, evitando desabastecimientos y garantizando que los medicamentos lleguen a donde más se necesitan.

Tener en cuenta el factor humano en la toma de decisiones o la integración de criterios sociales y ambientales se plantean también como retos pendientes por parte de las administraciones. Su incorporación en las políticas de contratación pública constituye un paso obligado para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, asegurando su rol estratégico como motor de auténtica transformación social.