La contratación pública para la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y tecnología es una materia que cada vez está teniendo un mayor impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario. La pandemia de la covid, que ha influido en la forma de contratación; así como la situación actual del mercado; la posibilidad de acceso a determinados medicamentos que suponen un importante impacto presupuestario y la carga burocrática que supone la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), hacen necesario abordar y poner sobre la mesa una compra innovadora y por inversión, así como plantear necesidades integrales.
Con este objetivo, el I Congreso de Derecho Farmacéutico ha celebrado una mesa en la que, bajo el título ‘La contratación pública a debate: presente y futuro’, ha contado con un panel de expertos multidisciplinar y ha sido moderada por Pilar Jimeno, miembro del Comité de la Sección de Derecho Farmacéutico del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La moderadora ha señalado que el objetivo principal es “ir más allá” en contratación, para los que es necesario “contar con una normativa que permita evolucionar”. Además, destacó que “es necesario trabajar y unir sinergias” si se quiere avanzar hacía un nuevo formato de compra de futuro por valor e innovadora, que “es lo que reclama el sector sanitario”, enfatizó Jimeno.
La mesa ha comenzado con la intervención de Chema Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, que centró su intervención en la compra pública en el ámbito de la salud pública. En este sentido, señaló que la situación actual “no le gusta”. Según dijo, es necesario que cuando se adquiere salud la perspectiva de “la calidad sea la brújula donde se enmarque la contratación pública”, aunque según explicó, “actualmente la brújula parece que es el precio más barato”. Por ello, incidió en que es necesario entender esta contratación como “una inversión” y remarcó que esa visión “no es una ideología” ya que el propio Consejo Europeo, cuando habla de contratación pública, la considera como una inversión y no como gasto, aseveró.
Cambiar el peso del precio por calidad
Para Gimeno un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con los fondos Next Generation EU, por ello, afirmó que es necesario dejar de pensar en el ahorro para avanzar “hacía una gestión correcta de los recursos públicos”. Para este experto, el precio es un elemento de comparación, pero en los contratos administrativos se le está dando una preponderancia que hace que se aleje de los estándares de calidad. Gimeno puso sobre la mesa que en España se sigue dando entre 50 a 60 puntos al precio, como si de esta forma se estuviera previniendo la corrupción, aunque, tal y como explicó, esta “no se evita de esta forma”. A este respecto, apuntó que en países como Italia han establecido normativamente que el precio no puede superar el 10%.
Otra de las cuestiones que destacó Gimeno, además de resaltar la importancia de trabajar por valor, es tener en cuenta el coste burocrático, que en algunas ocasiones es inasumible. Puso como ejemplo la compra de productos exclusivos, donde se aplica la LCSP, cuando para este experto “no sería necesario”. En este sentido hizo referencia a la regulación existente en Baleares y Navarra, las cuales ve como “idóneas” para la adquisición de determinados productos. Igualmente quiso incidir en la necesidad de que cualquier reforma de procedimiento tenga en cuenta a la Intervención.
Para Gimeno con la actual LCSP se podrían realizar “muchas cosas, pero existen frenos interpretativos”. Desde su punto de vista muchos profesionales desconocen la jurisprudencia europea, donde se establecen modelos de adquisición pública, mediante contratos que no son públicos, como sucede en países como Italia, Alemania o Suecia. Por otro lado, aseguró que en España, como consecuencia de la aplicación del derecho europeo, se está tensionado el mercado a precio “y eso ni se dice en ningún sitio, ni lo hace nadie”.
Por su parte, la subdirectora general de Contratación Pública del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Susana Álvarez, abordó el impacto de la pandemia de la covid-19 en la contratación pública. En este contexto, hizo referencia al artículo 120 de la LCSP, y aclaró que la contratación de emergencia no se trata de un procedimiento sino de una forma de tramitar un expediente. Álvarez apuntó entre las ventajas de su utilización la necesidad de motivar la emergencia mediante un informe justificativo, y respecto a las desventajas señaló el desajuste presupuestario que se produjo y la paralización en la ejecución de los contratos vigentes, además de suponer una carga administrativa a posteriori.
La subdirectora general de Contratación Pública del Sermas puso especial énfasis en señalar la “falta de anticipación y planificación” e hizo referencia a la necesidad de potenciar las áreas de contratación, en cuanto, a la profesionalización de sus miembros.
Marco legal futuro para contratos de emergencias
Álvarez también refirió los retos en contratación de emergencia y, entre ellos, señaló la necesidad de establecer un marco legal, además de un protocolo procedimental para emergencias, así como procurar el cumplimiento de todas las fases del procedimiento administrativo. Para la subdirectora de Contratación es necesario adoptar medidas o protocolos que permitan “una verificación de la información publicada para evitar errores y mejorar la información”.
Según dijo, la no comprobación de la capacidad y solvencia del contratista “debería justificarse en los supuestos de que la finalización del contrato pudiera verse comprometida”. Además, señaló que es necesario contar con ofertas y la posibilidad de negociar, incluso el precio, ya que durante la pandemia se encontraron con precios inasumibles.
Por último, refirió la necesidad de formalizar y publicar el contrato, aunque en un principio sea verbal por la urgencia o premura y regular para ponderar el uso de esta tramitación y los supuestos de aplicación del procedimiento negociado por razón de imperiosa urgencia.
La visión del farmacéutico hospitalario fue aportada por el jefe del Servicio de Farmacia Hospital San Carlos de Madrid, José Manuel Martínez Sesmero. “Intuimos lo que queremos, pero los caminos dispares que tenemos que trazar son el problema que tenemos realmente”, aseguró este farmacéutico para quien el gran hándicap es la comunicación.
Sesmero también destacó que, como farmacéuticos de hospital, tienen que colaborar y ayudar a las unidades de contratación, ya que, según dijo “el servicio de farmacia hace de correa de transmisión de las necesidades marcadas por los médicos que indican el tratamiento”.
Por otro lado, también señaló la importancia de los tiempos, ya que las necesidades de los pacientes “surgen de un día para otro”, sin olvidar de que es necesario cumplir con la LCSP y ello ocasiona un impacto presupuestario importante.
Para este experto es necesario utilizar las herramientas tecnológicas, aplicándose a mejorar algunos aspectos y mejora en los procesos. En sintonía con el resto de los ponentes, destacó que debería considerarse la eliminación de la burocracia que “no conduce a nada en algunos casos”. Según él, esta burocratización excesiva, vinculada a elementos de control “no garantiza el resultado final”. En este sentido, matizó que sería necesario tener en cuenta para la adquisición de medicamentos exclusivos la exención de la realización de concursos tal y como defiende Farmaindustria y que se recoge en la Ley de Contratos de Navarra.
Empezar a cambiar
Sesmero también coincidió con el resto de los ponentes en la necesidad de evolucionar hacía un modelo donde se pueda adquirir una solución completa de salud. El acceso a los medicamentos es el paso inicial, señaló, pero no la garantía plena de conseguir el resultado previsto. Por ello, aportó que sería interesante la creación de un plataforma global que pudiera contar con todos los elementos que preocupan, desde el económico-administrativo, la inversión, hasta la búsqueda de valor.
Por su parte, Helena Gómez-Acebo, Tender Manager de Sanofi, destacó el valor estratégico de la contratación pública. Además, refirió que la pandemia ha supuesto una crisis “sin precedentes que ha barrido con los sistemas financieros y económicos a nivel mundial, sin olvidar los costes en vida y secuelas en salud mental”. Por todo ello, aseguró que es necesario analizar la situación en la que se encuentra la contratación pública y aumentar el ritmo para poder conseguir los objetivos estratégicos, que en parte vienen de Europa y que se encuentran en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español.
Para Gómez-Acebo el valor estratégico de la LCSP ya viene reconocido “de mucho antes”, por lo que es necesario mirar hacía atrás y ver qué políticas de compra se han utilizado y cómo han afectado a la situación actual. Para esta experta, “el tema es de especial preocupación” y se está analizando en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Alimentaria del Parlamento Europeo, donde se ha presentado un informe donde se abordaba la escasez de medicamentos, entre otras cuestiones, y se aportan directrices con el fin de no cometer los mismos errores. Gómez-Acebo señaló que es un problema multifactorial, pero obviamente complejo y que no tiene una única causa.
Más cultural que de regulación
Dentro del informe también se recogen directrices para optar por la compra a mejor calidad-precio, Según Gómez-Acebo esta opción no es “nueva” y ella lo ve como “un tema más cultural que de regulación”. De esta forma, aseguró que con independencia de todos los caminos normativos a los que se puedan optar, se cuenta con un marco legal que podría facilitar muchos instrumentos, por lo que, según dijo, “es necesario cambiar el chip y dejar de lado las suspicacias que existen”.
Por otro lado, explicó que para la industria farmacéutica es necesario avanzar en la colaboración público-privada para la contratación. A este respecto, Gómez-Acebo afirmó que hay que apostar por la compra por valor es necesario medir y para medir es necesario digitalizarse. No obstante, según apuntó, “no estamos preparados para medir en este momento”, por ello, consideró que hay que ir avanzando habida cuenta de la necesidad de contar con indicadores en la contratación con el objetivo de empezar a medir todo lo que aporta valor a la contratación y que puede impulsar esa transformación necesaria, concluyó.
Nicolas Gonzalez Casares: