La contratación pública sanitaria debe entenderse como una herramienta de planificación y de política pública capaz de impulsar la innovación y la sostenibilidad económica a largo plazo. Por ese motivo, es necesario impulsar fórmulas de cooperación entre los distintos actores intervinientes que permitan incentivar la innovación, compartir los riesgos inherentes a la adquisición de medicamentos innovadores y mejorar la eficacia en la contratación, para así garantizar y optimizar el acceso de nuestros ciudadanos a servicios de calidad. En definitiva, debe impulsar la colaboración público-privada.
Así se ha resaltado en el marco de la celebración de la II Jornada “Creando valor en Salud a través de la Contratación Pública” organizada por MSD, que fue inaugurada por Ana Argelich, presidenta y directora general de MSD en España, y por Susana Álvarez Gómez, subdirectora general de Contratación del Servicio Madrileño de Salud y ha contado con la intervención de reputados expertos en contratación pública.
Argelich destacó en su intervención la necesidad de avanzar en la colaboración público-privada y hacia un diálogo que consiga aportar soluciones conjuntas. Según dijo, “es necesario evolucionar en la compra de medicamentos, no considerando suficiente la actual ley de contratos públicos”. Y, recalcó la complejidad existente en relación a la compra de medicamentos exclusivos.
Por su parte, Susana Álvarez explicó que la contratación pública “debe priorizar el valor de la prestación licitada en términos de calidad, eficacia y eficiencia económica, impacto sobre la salud del paciente, innovación y sostenibilidad”. Para ello, hizo hincapié en que es necesario un cambio de cultura donde todos los agentes implicados, desde administración, industria, profesionales de la salud y pacientes “busquemos ese espacio de colaboración que haga realidad la compra basada en valor logrando una atención segura, eficaz, de calidad y eficiente y con ello, estaremos en la vanguardia de la compra pública sanitaria en Europa”, resaltó Álvarez.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno Feliu, presentador de la jornada y moderador del debate que se celebró en el encuentro, también realizó una apuesta firme por la colaboración público-privada. Durante su intervención señaló que el contrato por valor es lo “único compatible con las exigencias de derecho público en la actualidad”, siendo necesaria la creación de equipos organizativos con transversalidad para un cambio de cultura y donde “la empresa tendrá que apoyar los pasos que dé el sector público en este camino para la implantación de la compra pública por valor”.
Explicar el porqué de la colaboración público-privada
Además, este experto quiso dejar claro que es necesario la apuesta por la colaboración público-privada ya que “es necesaria para la buena gestión”. Por ese motivo, consideró que “sí o sí se necesita al sector empresarial, tanto por tecnología como por recursos financieros”. Por ello, según él, es fundamental superar la dicotomía acerca de si la colaboración pública privada “es buena o mala, de izquierdas o derechas” , y avanzar hacia la buena gestión que dependerá, no de la ideología del gobierno, “sino de las necesidades del servicio del ciudadano”. Para él, es necesario reforzar la transparencia y explicar el porqué de esta colaboración, para que sirve y qué resultados da.
Igualmente pidió eliminar del imaginario colectivo la idea de que el sector privado hace negocio con la salud, e instó a reconocer el derecho que tiene a recibir una retribución por sus servicios, al igual que hacen los funcionarios con sus salarios.
Javier Vázquez, experto en contratación pública y CEO de Lexlab, durante su exposición en la ponencia titulada “Creando valor en Salud a través de la contratación pública”, también hizo referencia a la colaboración público-privada. Para él es necesario apostar por el diálogo con el fin de facilitar la cooperación y el intercambio tanto de conocimientos como de recursos. Para este experto, es crucial “involucrar al sector privado, para promover soluciones efectivas y alcanzar resultados óptimos”. Su inclusión, aseveró Vázquez, posibilitará la implementación de programas y políticas innovadoras.
Durante el debate que se desarrolló en el encuentro y que contó con la participación de Miguel Ángel Calleja, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria en el Hospital Universitario Virgen de la Nieves; Josep María Guiu, director del Área de Farmacia y del Medicamento del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) e Inmaculada Tomás Sánchez, jefa de Servicio de Contratación de la Dirección de Recursos Económicos del Servicio Gallego de Salud, se abordó, entre otras cuestiones, la colaboración público-privada.
Los participantes defendieron esta colaboración de forma unánime. Por su parte, Josep María Guiu señaló que efectivamente existen reticencias respecto a esta colaboración, pero es esencial profundizar en los motivos. Guiu explicó que en el CSC siempre que han colaborado con el sector privado han apostado por la transparencia. Según dijo, ambos sectores cuentan con objetivos comunes. Por ello, para él, es necesario este trabajo común y “demostrar al país que es la única vía para conseguir avanzar e incorporar la innovación”.
Aumentar la confianza
Inmaculada Tomás también hizo una apuesta clara por la colaboración público-privada. Para ella, es absolutamente necesaria y útil, siendo esencial “dejar de pensar que nos van a engañar y pasar a tener más confianza”. Esta experta añadió como clave para avanzar en este camino la importancia de hacer consultas al mercado, “es la mejor manera de conocerlo”. En este sentido, Guiu aportó que “es necesaria la profesionalización y participación de todos los profesionales implicados, además de los pacientes”, sin olvidar que es necesario contar con recursos.
Por su parte, Miguel Angel Calleja hizo hincapié en que la colaboración público- privada “es esencial para fomentar la innovación”, y aseguró que “quien se oponga se está oponiendo a la innovación”. A este respecto, explicó que uno de los mejores ejemplos es la participación del sistema sanitario público en los ensayos clínicos que son una inversión privada, destacó. Por ello, destacó que “todo lo que sea fomentar esa colaboración público-privada en la innovación es positivo”. Para hacerlo posible, también indicó que es necesaria la máxima confianza y transparencia. Además, refirió que en su desarrollo profesional ha variado su forma de ver esta relación y ha confesado que tiempo atrás se oponía a esta colaboración, lo que achacó a “inmadurez profesional”.
Por otro lado, y a preguntas del moderador, en relación a cómo trasladar la necesidad de la unidad promotora a la confección de los pliegos, de manera que contemplen todos los aspectos técnicos que reflejen valor en la compra, Calleja también se refirió a la colaboración público-privada, siendo “esencial abandonar la estructura vertical donde hay un proveedor y un cliente, siendo necesario trabajar conjuntamente desde el diseño”. Según dijo, el diálogo con las diferentes empresas que pueden presentarse es fundamental. Y, a pesar de la posible subjetividad existente y que es uno de los motivos de las reticencias, “no escuchar a la industria farmacéutica es un grave error”.
En sintonía con el farmacéutico del Hospital Virgen Macarena, Inmaculada Tomás defendió el diálogo en la contratación. Para ella, es esencial tener claro el objeto y la necesidad y, en este sentido, aclaró que la necesidad no es el objeto del contrato. Esta experta abordó con detalle la elaboración de los criterios técnicos que deben incluirse en los pliegos y los aspectos a tener en cuenta. Según dijo, “cuanto mejor se defina el objeto del contrato con mayor capacidad contará el técnico para definir los criterios”.
Los participantes también abordaron, entre otras cuestiones, aspectos relevantes como los criterios de adjudicación que pueden incluirse en los pliegos y que van más allá del precio, aportando valor en los precios públicos competitivos; la importancia de la participación del paciente donde apostaron por la idoneidad y necesidad, así como las ventajas existentes en la normativa de contratos de Navarra que evita la obligación de realizar procedimientos en compra de medicamentos exclusivos ya que, como dijo Gimeno Feliú, no toda la compra pública debe ser considerada dentro del ámbito de la contratación administrativa y sus procedimientos, por lo que insta a hablar de “adquisiciones públicas”, ya que entiende que “no es contrato público y estamos abordando técnicas que igual no son las idóneas para determinadas prestaciones”.