“La Universalidad de la Sanidad ha estado en el ADN del PSOE desde Ernest Lluch”

Carmen Martínez, portavoz del grupo socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, aborda en esta entrevista las prioridades del PSOE en materia de salud para la nueva legislatura, subrayando la importancia de fortalecer la sanidad pública, avanzar hacia la universalidad y garantizar su accesibilidad. Como médica de familia, Martínez pone en valor la necesidad de prestigiar la atención primaria y avanzar en el desarrollo de leyes esenciales, como la de universalidad, equidad y cohesión, que buscan proteger y expandir los derechos sanitarios de la ciudadanía. Asimismo, destaca los esfuerzos por crear un pacto nacional por la salud mental y otras iniciativas legislativas, como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Martínez también reflexiona sobre el papel de la colaboración público-privada en la gestión de la sanidad y aboga por la responsabilidad pública como pilar del sistema.

Pregunta. ¿En qué ámbitos sanitarios pondrá el foco el PSOE a lo largo de la legislatura desde el Congreso de los Diputados?

Respuesta. Las propuestas del Partido Socialista para esta legislatura están claramente definidas y reflejadas en el pacto de gobierno que hemos firmado con Sumar, y que resume nuestro programa electoral. Nuestro enfoque es reforzar la sanidad pública, mejorar los servicios y garantizar la accesibilidad, eliminando las largas listas de espera. Como médica de familia, considero esencial devolver a la atención primaria el papel preponderante que nunca debió perder. Actualmente, estamos trabajando en un nuevo plan de acción para la atención primaria, evaluando el anterior y con nuevos hitos previstos para este último trimestre del año. También quiero destacar el pacto por la salud mental, que surge de una proposición de nuestro grupo parlamentario y que fue adoptada por unanimidad. Este pacto parte de una proposición no de ley impulsada por nosotros y ha implicado la creación de una subcomisión que cuenta con la participación de los principales expertos nacionales y la Comisionada de Salud Mental. Además, debemos seguir trabajando en estabilizar las plantillas y mejorar tanto los recursos humanos como la tecnología en el sistema de salud y garantizar la accesibilidad da todas las personas. Hay otros hitos como la creación de la Agencia Española de Salud Pública, que soy optimista, la Ley de Universalidad, de Equidad o Cohesión o la Ley ELA, que va más allá de los pacientes con esta enfermedad y se amplía a otros trastornos neurodegenerativos en situación similar. Otras leyes relevantes son la de instrucciones previas o la de protección al donante vivo.

P. En esta legislatura, por primera vez, el Ministerio de Sanidad no está en manos del PP ni del PSOE, dado que se trata de un gobierno de coalición. ¿Cómo es la relación del grupo parlamentario socialista con el ministerio?

R. La relación es, sinceramente, excelente. Es destacable que muchas de las personas que están al frente del Ministerio, algunas ya formaban parte del equipo en la legislatura anterior, ocupando cargos como directores o directoras generales bajo las ministras Carolina Darias y José Miñones, los últimos en liderar el ministerio. Esto ha facilitado que la coordinación y la comunicación sigan fluyendo de manera muy positiva. Mantenemos reuniones periódicas cada mes y medio o dos meses, tanto con la ministra como con el secretario de Estado, y contamos con un acceso total a todos los directores generales.

R. La ley de universalidad ha formado siempre de nuestro ADN. Desde que Ernest Lluch impulsó la Ley General de Sanidad, la universalidad ha sido un principio irrenunciable para el Partido Socialista. Nuestro sistema sanitario es un referente mundial por su capacidad de inclusión, y es vital protegerlo para que siga avanzando en esa dirección. Durante los últimos gobiernos del Partido Popular, se excluyó a muchas personas del Sistema Nacional de Salud, lo que generó desigualdades preocupantes. Una de las primeras medidas del gobierno de Pedro Sánchez fue reintegrar a estas personas, pero aún quedan aspectos por mejorar. Por ejemplo, es necesario garantizar que los españoles residentes en el extranjero y sus familias tengan derecho a atención cuando regresan a nuestro país. También debemos proteger a quienes llegan por reagrupación familiar y a los solicitantes de asilo y víctimas de trata. También me parece muy relevante que pretende homogeneizar la prestación de servicios en todas las comunidades, ya que algunas interpretaciones varían y generan inequidades. Además, busca volver a establecer una cartera común de servicios, unificando las prestaciones y evitando las tensiones que actualmente existen entre comunidades y Estado.

P. ¿Qué se pretende con la Ley de Equidad y Cohesión?

R. En primer lugar quiero dejar claro que la descentralización del Estado ha sido, en mi opinión, beneficiosa para España, y soy una firme defensora del modelo autonómico, pese a que en los últimos días en mi comunidad hemos vivido momentos tremendos. Sin embargo, también es cierto que debemos mejorar los niveles de coordinación que puede liderar el Ministerio de Sanidad. La ley de equidad y cohesión busca reforzar esa coordinación y garantizar que la salud se contemple en todas las políticas. Es decir, que se legisle sobre los determinantes sociales de la salud, que influyen tanto en el bienestar de la población. Por ejemplo, la alimentación y las condiciones de vida tienen un impacto directo en enfermedades crónicas como la diabetes, por lo que es necesario legislar con una visión más integral. La ley también regula los copagos de productos ortoprotésicos y busca una gestión más eficiente de los datos sanitarios a nivel nacional. Es esencial que exista una mayor permeabilidad de datos entre comunidades autónomas para realizar estudios y planificar políticas con base en evidencia. Además, la normativa aborda la regulación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), que ha sido motivo de conflicto constante. Es crucial que se establezcan reglas claras sobre cómo se compensan los desplazamientos y otros gastos relacionados. Hay avances muy importantes en ese sentido y creo que es necesario que esa ley establezca un nuevo marco de esa cogobernanza tan necesaria y que yo creo que ha sido buena para nuestro país.

P. Hablando de cogobernanza. ¿Cómo ve el funcionamiento del Consejo Interterritorial?

R. Es importante que en el Consejo Interterritorial se deje de lado la política partidista, y debo decir que, en la mayoría de los casos, esto se logra. En el 90% de las reuniones hay consenso entre las comunidades autónomas, algo que no suele reflejarse en la prensa. Sin embargo, podría ser necesario revisar su reglamento para facilitar la toma de decisiones. El marco legislativo que estamos trabajando se expondrá a consulta pública, donde todas las comunidades y grupos parlamentarios podrán aportar sus ideas. Es el momento de buscar consensos y fortalecer la gobernanza de nuestro sistema de salud, para que sea más robusto y esté mejor coordinado.

P. Volvamos al análisis de los proyectos legislativos. ¿Qué novedades hay en la ley de gestión directa?

R. Nuestro partido defiende la gestión pública directa de la sanidad, aunque reconocemos que, en algunos casos, es necesaria la colaboración con el sector privado. Yo he tenido la experiencia de ser usuaria en Manises y alcaldesa de un pueblo próximo, una zona con un hospital gestionado privadamente, y he visto de primera mano las deficiencias que esto puede implicar. Contaban más las cuentas de resultados empresariales que las sanitarias, las condiciones laborales de los profesionales eran peores y las ratios de personal eran más bajas en comparación con hospitales gestionados por el sistema público. La responsabilidad de la gestión de la sanidad debe residir en la Administración Pública, aunque pueda haber colaboración y apoyo del sector privado.

P. Pero, ¿no se debe dejar a las administraciones autonómicas, de acuerdo con su ámbito competencial, que sea la que decida si quiere un modelo u otro?

R. Siempre que sea como coadyuvante a la gestión pública no tengo inconveniente, pero la postura de mi grupo es que la gestión de la sanidad, la titularidad la tiene que tener el ámbito público. P. La titularidad nadie la cuestiona… R. La titularidad y la responsabilidad final. En la Comunidad Valenciana hemos visto contratos casi en blanco en este ámbito para evitar concursos desiertos. La experiencia no ha sido satisfactoria.

P. A lo mejor, lo que hay que hacer es establecer los controles necesarios para que nada de eso pueda ocurrir…

R. Eso también.

P. Pasemos a hablar de la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

R. Soy muy optimista en cuanto a la tramitación de la Agencia Estatal de Salud Pública. El periodo de enmiendas ha terminado y ahora se están negociando los últimos detalles con los grupos parlamentarios y espero que haya unanimidad. Esta agencia es crucial para mejorar la coordinación en la respuesta a emergencias sanitarias, algo que quedó muy claro durante la pandemia. Uno de los aprendizajes de esa crisis fue que, aunque contamos con un excelente sistema de salud, la respuesta coordinada a nivel nacional necesita mejoras. Estoy convencida de que esta agencia será un paso importante para garantizar una mejor preparación y respuesta ante futuras crisis.

P. ¿Hay algún escollo que salvar?

R. No creo. La ley está respetando las competencias de cada comunidad autónoma, no se pretende retirar competencias a las comunidades, por lo tanto yo creo que será relativamente fácil, por las últimas noticias que tengo.

P. En las próximas semanas podremos conocer un primer texto de la modificación de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos. ¿Qué retos cree que hay que abordar en términos de sostenibilidad y acceso a nuevos tratamientos?

R. La ley de garantías es una de las más complejas, ya que debe equilibrar la incorporación de tecnologías disruptivas y su evaluación con la sostenibilidad del sistema. Hay algunas cuestiones que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que son clave. Una es la revisión del sistema de precios de referencia, la sostenibilidad medioambiental y la actualización de la disposición adicional sexta, que se quiere ampliar al ámbito hospitalario para ayudar a sostener el sistema. Además, es importante incluir la prescripción por parte de enfermería y clarificar sus funciones para mejorar la atención en primaria y dar seguridad a los profesionales. La enfermería ha evolucionado mucho, ahora ya es un grado, y debe tener un papel más activo y reconocido en el sistema. Tenemos que trabajar mucho más en la prevención y en la acción comunitaria. También es relevante la participación de los pacientes en todo el proceso, como también se establece en la Ley de Equidad.

P. Las empresas farmacéuticas han señalado que algunas medidas medioambientales podrían poner en riesgo la producción de ciertos medicamentos. ¿Cómo se abordará esta preocupación?

R. Es un tema complejo, pero necesario. Quien apueste por la protección del medioambiente debe tener un incentivo y una valoración. Es fundamental avanzar en medidas que reduzcan el impacto medioambiental, también debemos ser realistas y equilibrar estos objetivos con la disponibilidad de medicamentos. Si hubiera que retirar un medicamento por razones ambientales, habría que evaluar si existe un sustituto eficaz que cumpla con las normativas sin dañar el medio ambiente. Incentivar a las empresas que adoptan prácticas sostenibles es una vía para equilibrar innovación, accesibilidad y sostenibilidad.

P. ¿Cómo ve la sostenibilidad del sistema y la introducción de innovaciones terapéuticas?

R. Es un desafío complejo que requiere un pacto de consenso en el país para definir qué innovaciones se pueden financiar y establecer prioridades. La prevención es crucial para evitar etapas avanzadas de enfermedades crónicas, reduciendo así el gasto farmacéutico y sanitario a largo plazo. También se deben considerar las políticas fiscales, ya que no es coherente reducir impuestos a rentas altas. Es necesario un equilibrio y consenso en las políticas para garantizar una financiación adecuada.

P. Farmaindustria ha publicado un informe en el que se indica que, a lo largo de los últimos 20 años, la inversión en medicamentos no ha variado significativamente en términos de porcentaje del PIB o del gasto público total de las administraciones. ¿Cómo valora esta estabilidad en la inversión frente a la llegada de nuevas innovaciones?

R. Aunque no conocía el estudio, es positivo que la inversión se mantenga estable, lo que muestra que se ha logrado compensar el coste de nuevas innovaciones. Sin embargo, los desafíos persisten. La política farmacéutica debe fomentar el uso de genéricos y biosimilares para apoyar la sostenibilidad. También es importante premiar a las empresas que invierten en investigación y productos innovadores. Es esencial buscar un equilibrio entre el acceso a la innovación y la sostenibilidad, y definir una estrategia consensuada a largo plazo para la dirección del país en materia de salud.

P. En los últimos años se ha propuesto, como medida para asumir la entrada de innovaciones específicas, la creación de fondos centralizados a nivel estatal, por comunidades autónomas, o incluso la realización de compras conjuntas a nivel europeo. ¿Qué opina de estas iniciativas?

R. Me parecen medidas acertadas si mejoran la accesibilidad a los tratamientos. Un objetivo del pacto entre el PSOE y Sumar es garantizar el acceso a diagnósticos y tratamientos para personas con enfermedades raras, incluyendo medicamentos huérfanos. La experiencia de la pandemia demostró que la cooperación europea puede lograr resultados significativos en poco tiempo, y este enfoque debería aplicarse a la introducción de medicamentos y tecnologías de alto coste para pacientes con necesidades específicas.

P. ¿Cómo valora la situación de los Presupuestos Generales del Estado y su impacto, en caso de no aprobarse, en el ámbito sanitario?

R. Los Presupuestos Generales del Estado son fundamentales para impulsar todas las mejoras en el sistema sanitario. Si queremos avanzar en áreas como la salud bucodental, proteger la salud visual infantil y atender adecuadamente a la creciente cronicidad en nuestra población, necesitamos recursos suficientes. Sin presupuestos, se pueden buscar alternativas, pero el proceso es más complicado y lento. Confío en que al final habrá. Además, con la catástrofe que hemos sufrido en mi tierra, es más necesario que nunca movilizar recursos ya que es una prioridad, pero necesitamos más.

P. Por último. Ud. ha sido alcaldesa durante 24 años, y además es médico, por lo que conoce muy de cerca a las farmacias comunitarias. ¿Qué visión tiene sobre su papel en el sistema sanitario?

R. Las farmacias están, sin duda, infrautilizadas. Tenemos que colaborar con los colegios y con el Consejo de Farmacéuticos y debemos aprovechar su potencial como puntos de atención sanitaria, especialmente en zonas rurales donde a menudo son el primer recurso sanitario al que pueden acudir los ciudadanos y hay que aprovechar su potencial y vocación sanitaria. Las farmacias deben jugar un papel más activo en la estrategia de cronicidad y en la educación para la salud, contribuyendo a una mejor gestión de las enfermedades crónicas y a la prevención.

P. ¿Y cómo ve su relación con el resto del sistema sanitario?

R. La digitalización del sistema es una de las claves para integrar mejor a las farmacias en la atención primaria. Actualmente, el gobierno trabaja en un plan de digitalización que incluye la interconexión de las farmacias con los sistemas de salud para que puedan colaborar más eficazmente en la gestión de la medicación y en la atención al paciente. Esta integración será fundamental para optimizar el trabajo conjunto de los diferentes actores del sistema sanitario y asegurar un servicio más completo y accesible.