La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), en la que se ha establecido una hoja de ruta para poner en marcha, conjuntamente, múltiples acciones en diversos frentes, tanto políticos como jurídicos para una correcta gestión de la farmacoterapia en las Instituciones Penitenciarias.
En el ámbito político, planean la incorporación de demandas a la Comisión de Sanidad del Congreso, a través de los diferentes Grupos Parlamentarios, "para reclamar un modelo de organización en el que se cumpla la legalidad vigente que obliga a los Centros Penitenciarios a disponer de un Servicio de Farmacia, con un farmacéutico especialistas al frente, o depósito de medicamentos legalmente autorizado.
La SEFH recuerda, a este respecto, que "existen actualmente alrededor de 40 centros penitenciarios que no tienen legalizado ni Servicio de Farmacia ni depósito de medicamentos", y apuesta, para una correcta gestión, "por el modelo aprobado en el País Vasco, en el que se ha realizado la trasferencia completa de competencias en materia de sanidad penitenciaria, el cual integra dicho ámbito en la sanidad autonómica, de forma que se facilita la continuidad asistencial de los internos".
En opinión del Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH, con esta nueva iniciativa pretenden "apoyar la carrera profesional", algo en lo que coniciden, dice, tanto con la OMC como con la SESP, "que vienen trabajando en la persecución de este objetivo desde hace tiempo". "Además", añade, "queremos señalar a los Centros Penitenciarios que no tengan Servicio de Farmacia legalizado, al igual que a los laboratorios y almacenes mayoristas que les suministren".
Para justificar su reivindicación, la SEFH recuerda que la prestación farmacéutica ofrecida en dichos centros incluye especialidades de uso hospitalario, como antivirales para tratamientos de hepatitis C y VIH, así como medicamentos sujetos a especial control médico, medicamentos de diagnóstico hospitalario, antipsicóticos, psicótropos y estupefacientes.
La opinión de las demás organizaciones
Por parte de la OMS, Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria, opina que la gestión actual es "consecuencia del incumplimiento de los dictámenes legislativos de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2003 que establecen que la Sanidad Penitenciaria debe estar integrada en el SNS". "Dicha integración", añade, "supondría la aplicación de las normativas comunitarias en materia de Farmacia a los centros penitenciarios como un dispositivo más de salud y acabaría con las graves irregularidades que se dan en la actualidad".
Por otra parte, José Miguel Antolín, secretario de la SESP destaca la importancia que tiene para todos los profesionales que pertenecen a los servicios médicos de los centros penitenciarios la realización y publicación de estudios científicos independientes de los realizados y publicados por la Administración Penitenciaria y que, en el momento actual, cuentan con el veto de la referida administración.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: