La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera justificadas y proporcionadas las obligaciones de información exigidas a las oficinas de farmacia para aplicar el sistema de precios notificados. El organismo no aprecia una alternativa menos restrictiva que permita gestionar los reintegros con igual fiabilidad y eficacia.
Así lo establece un informe aprobado el 21 de octubre, a raíz de la reclamación de un farmacéutico de Murcia. El profesional cuestionó las cargas administrativas asociadas al sistema Precios Notificados (Preno), en particular la obligación de registrar los envases afectados en el momento de recibirlos, antes de conocer su destino final.
El procedimiento exige leer con un escáner el identificador único e incorporar tres datos: la fecha de recepción, el CIF del proveedor y el propio identificador. La información debe registrarse y transmitirse de forma centralizada respecto de todos los envases de los medicamentos incluidos en el sistema.
El reclamante no discutió la obligación de reintegrar las diferencias de precio ni la necesidad de comunicar los datos de los medicamentos dispensados fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Su objeción se dirigió a lo que calificó de «carga universal» de identificación y registro, incluso para los envases que finalmente se dispensan con financiación pública.
Preno permite gestionar la diferencia entre el precio al que las farmacias adquieren los medicamentos, correspondiente al financiado por el SNS, y el precio notificado superior aplicable a dispensaciones privadas. Cuando un envase se dispensa fuera del sistema público, la oficina de farmacia debe reintegrar la diferencia al laboratorio o distribuidor.
Fundamento legal del sistema
La CNMC fundamenta su valoración en el artículo 94.7 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, que obliga a aportar la información necesaria para efectuar esos reintegros. También recuerda que la Directiva 2001/83/CE permite utilizar el identificador único de los medicamentos con fines de reembolso.
Para el organismo, los datos requeridos permiten individualizar los envases, conocer quién los suministró y calcular correctamente la cantidad que debe reintegrarse. Considera, por ello, que la medida responde a una finalidad legítima y supera el juicio de proporcionalidad previsto en la normativa sobre garantía de la unidad de mercado.
El informe señala, además, que el sistema puede contribuir a la trazabilidad y a detectar manipulaciones o falsificaciones. Sin embargo, precisa que estas utilidades son accesorias: la finalidad principal es obtener información fiable para gestionar el reembolso de las diferencias entre precios financiados y notificados.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 