El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que se insta al Ejecutivo a “a aprobar, desde el respeto al reparto competencial vigente y en coordinación con las comunidades autónomas, un nuevo reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que posibilite su adaptación a la regulación sobre las conferencias sectoriales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".
De este modo, el Grupo Popular vuelve a traer a la actualidad uno de los asuntos más relevantes de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y que protagonizó varias reuniones del CISNS a lo largo de la pasada legislatura.
En la PNL, firmada por José Ignacio Echániz y la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, se recuerda que el reglamento vigente fue aprobado en 2003 y que en todo lo que no esté recogido en dicho texto, se rige “por lo dispuesto en materia de órganos colegiados por el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la que le otorga al propio Consejo la naturaleza de conferencia sectorial”.
En su exposición de motivos, Echániz explica que la propia Ley 40/2015 especifica en su artículo 147 una conferencia sectorial es aquella que, como órgano de cooperación, “tiene una composición multilateral y un ámbito sectorial determinado”, y “que reúne, como presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia”, así como “a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla”. Además, en su artículo 147.3 de la Ley 40/2015 se señala que “cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros”.
El Ministerio de Sanidad inició en el seno del propio Consejo Interterritorial los trabajos para elaborar y consensuar con las comunidades autónomas el nuevo reglamento. Esta labor se realizó, en esencia, durante el año 2017, tanto en las sesiones plenarias del Consejo acontecidas el 21 de junio y el 8 de noviembre, como en diversas comisiones delegadas, incluida una monográfica, la celebrada el 6 de julio.
El trabajo en cuestión se prorrogó al comienzo del año 2018, cuanto menos hasta el mes de junio, cuando la moción de censura al último Gobierno del Partido Popular prosperó y se produjo el cambio en el Ejecutivo, explica Echániz que lamenta la poca información sobre este asunto a partir de ese momento.
Desde entonces, según se indica en la PNL “poco ha trascendido a las comunidades autónomas, al sector sanitario y a la opinión pública en general sobre la voluntad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por avanzar en la consecución del nuevo reglamento más allá de declaraciones como las realizadas a comienzos de septiembre de 2018 por la exministra Carmen Montón, según la cual ‘cambiar el reglamento es una magnífica oportunidad para cambiar no solo el fondo, sino también las formas’ ”.
