La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha emitido un comunicado, como reacción al contenido del borrador del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, concretamente, por lo referido a las medidas de financiación de la formación continuada y la prohibición de su financiación por parte de la industria. Facme propone "reevaluar dicho planteamiento, entendiendo que, hasta el momento, ha sido la administración sanitaria la que no ha asumido su obligación legal de financiar la formación continuada, habiéndola delegado en la industria biosanitaria, que ha hecho posible gran parte de la formación de los médicos".
La Federación plantea que, "de ponerse en marcha esta medida, debe ser habiendo garantizado previamente la existencia de fondos públicos suficientes para continuar ofertando esa formación y respetando la accesibilidad de los profesionales y sus propias necesidades formativas, independientemente de las planteadas por las administraciones".
Facme asegura que la inversión en Formación Médica Continuada (FMC) que realiza el Sistema Nacional de Salud "no cubre ni las mínimas necesidades formativas ni las de todos los profesionales, dado que algunos de ellos ejercen en el sector privado".
Esas carencias son compensadas, apuntan, "con inversión procedente de otras fuentes". Entre ellas, la industria farmacéutica y la de tecnología sanitaria. Recuerdan, en este sentido, que se han dotado de forma voluntaria de un Código de Buenas Prácticas que, a juicio de esta organización, "pone el listón en el máximo nivel de lo que debe entenderse como aceptable en las relaciones con los profesionales sanitarios".
En cualquier caso, opinan que las actividades formativas organizadas por las sociedades científicas deben regirse la transparencia, que se ha convertido, dicen, "en un objetivo primario de las sociedades y por tanto de Facme".
