Trece años después de que fuera presentado el recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular, el pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la ley del aborto de 2010 aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La validación de la norma se hace meses después de la incorporación del nuevo presidente del organismo, Cándido Conde Pumpido y en medio de una clara división entre los jueces ‘progresistas’ y ‘conservadores’. El primer bloque, siete miembros, ha votado a favor de la norma, mientras que los cuatro pertenecientes al grupo conservador(Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa) han emitido voto particular.
El PP fundamentaba su recurso en que el sistema de plazos “permite acabar con la vida del nasciturus por la mera voluntad de la mujer” e “introduce en el ordenamiento una vida humana de inferior categoría que puede ser eliminada por la mera voluntad de la madre, sin que el Estado haga nada para protegerla”.
Ahora el Tribunal Constitucional avala en su totalidad el texto de la norma y establece un escudo constitucional sobre el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo.
Igualmente, el TCl considera que la aprobación y entrada en vigor el pasado 28 de febrero de una nueva modificación de la ley recurrida no deja sin objeto dicho recurso dado que en las sesiones plenarias de los días 8 y 9 de febrero -con anterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica de reforma- el Pleno deliberó todos los puntos de hecho, las cuestiones y fundamentos de derecho de la demanda y acordó por mayoría desestimar el recurso en su integridad.
El Tribunal considera que el sistema de plazos es conforme a la Constitución y garantiza el deber de protección de la vida prenatal ya que existe una limitación gradual de los derechos constitucionales de la mujer en función del avance de la gestación y el desarrollo del feto.
El Constitucional reserva la objeción de conciencia al personal sanitario que practica intervenciones clínicas directas, con exclusión de otras actuaciones auxiliares, administrativas o de apoyo instrumental. Las exigencias de que la objeción se manifieste anticipadamente y por escrito constituyen presupuesto indispensable para el ejercicio mismo del derecho. Todas estas exigencias son, consiguientemente, constitucionales.
Igualmente subraya la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas sanitarias, educativas y sociales para la salud sexual y reproductiva. El Constitucional examina con detalle el significado y alcance de la expresión “perspectiva de género” y afirma que constituye un enfoque metodológico y un criterio de interpretación de las normas jurídicas orientado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, como parte esencial de una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos.
El voto discrepante a la sentencia aprobada indica que la misma excede gravemente el alcance y los límites del control jurisdiccional que corresponde al tribunal, porque entra a resolver sobre impugnaciones de la Ley cuando ésta ya ha sido derogada por la nueva norma que entró en vigor el 28 de febrero.
En su opinión, la sentencia “se sitúa fuera de los márgenes del control de constitucionalidad que corresponde al Tribunal”, pues reconocer nuevos derechos fundamentales es una potestad del poder constituyente, no de los poderes constituidos y no del Tribunal Constitucional.
Igualmente los cuatro magistrados indican que la sentencia elude la doctrina del propio tribunal que en sucesivas sentencias deja sentado, según su punto de vista, que “ni la protección del nasciturus puede prevalecer absolutamente frente a los derechos de la mujer, ni los derechos de esta pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus”.
El anuncio de la decisión del TC ha cogido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Castellón, donde celebraba un mitin precampaña. Sánchez ha asegurado que “este es un día para celebrar” y ha asegurado que es una derrota de los neoconservadores, en referencia al Partido Popular, que, según sus palabras, “no creen en los avances, ni en la dignidad”.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero ha asegurado en redes sociales que “el aborto es un derecho gracias a la lucha feminista y a pesar del PP”.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: