Política

Andalucía abonará las facturas a las farmacias en 20 días naturales

La Junta de Andalucía pagará a 20 días a proveedores del sector de la salud, la educación y los servicios sociales, incluyendo la posibilidad, en caso de retraso, de cobrar a través de una entidad de crédito.
María Jesús Montero, Consejera de Hacienda y AAPP de la Junta de Andalucía, anunció la disminución del periodo de pago a las farmacias.

La Junta de Andalucía ha anunciado que abonará las facturas de proveedores de servicios vinculados a salud (incluidas las farmacias), educación y servicios sociales en 20 días naturales, frente a los 30 vigentes ahora, una medida que, dicen, tiene como fin "proteger los sectores esenciales del Estado de bienestar y defender el empleo en estos ámbitos prioritarios". Para reforzar esta medida, incluida en el Decreto de Garantías de Tiempos de Pago, aprobado por el Consejo de Gobierno, establecerá procedimientos para evitar demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito.

El nuevo plazo de 20 días también será aplicable, explican, al abono de medicamentos a las oficinas de farmacia, así como a las becas y ayudas al estudio y a las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. La norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales.

En el caso concreto del sector de la salud, la norma especifica que se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre otras).

Con el fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas. Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento. Sobre este punto, informan de más del 80% de las facturas ya se presentan telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, desde cuya implantación, en junio de 2015, se ha producido un ahorro medio en 14 días en la grabación de las facturas, una reducción que también se ha trasladado a la gestión administrativa y contable de las obligaciones así como en el abono de los importes, con el consiguiente beneficio para los proveedores de la Junta.

A este respecto, indican que el periodo medio de pago a los proveedores (PMP) se situó en 14,07 días en el mes de noviembre, "una cifra que reduce a la mitad el máximo de 30 días fijado por la normativa de morosidad y que pone de manifiesto el esfuerzo de la Junta para acortar los plazos en el abono de facturas. A lo largo del pasado ejercicio, el PMP de la Junta acumuló una reducción de 24,47 días".

Oficina de Atención

Asimismo, la Junta ha anunciado la creación de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibirá contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura.

Si dicho plazo no existiese, se le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una entidad de crédito colaboradora. Las personas que mantengan deudas en periodo ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública.

La Oficina de Atención a Personas Acreedoras elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas para garantizar los plazos de pago y las reclamaciones recibidas. Este informe será trasladado al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz.

 

 

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