El Gobierno ha vetado la tramitación de una proposición de Ley presentada por el Partido Popular en el Senado para eximir del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas establecidas por el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
El gobierno asegura que el coste de la exención ascendería a 20,3 millones de euros, lo que supondría “una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución”.
Adicionalmente, el Ejecutivo expone que, aunque legalmente sería posible eximir a las ayudas, “el establecimiento de exenciones y demás beneficios fiscales determina una ruptura del principio de igualdad y generalidad que solo debe aplicarse cuando existan razones suficientemente justificadas”.
Desde el PP se explica que “no eximir fiscalmente la ayuda supone que, en gran medida, esta pierda su razón de ser y, además, es una discriminación manifiesta con respecto a afectados por otros daños en España, como es el caso de los afectados por VIH, que sí que están exentos de tributar por las ayudas percibidas”. Igualmente, el PP recuerda que esta misma exención total de impuestos se ha producido en “el resto de países de nuestro entorno”.
Tras la respuesta recibida por el Ejecutivo, el PP ha vuelto a presentar la proposición de ley con una única modificación respecto del texto previo. La primera de ellas, presentada el pasado mes de abril, establecía que la entrada en vigor de la ley se produciría al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por su parte, la nueva proposición establece que la entrada en vigor se produciría “1 de enero de 2025 con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado”.
