El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó este jueves, en una reunión extraordinaria, el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2027. Las cuentas regionales alcanzan un montante total de 9.254 millones de euros, lo que representa un crecimiento de 425 millones de euros en comparación con el ejercicio de 2026. Dentro de este marco expansivo, la Sanidad y la Atención a la Dependencia se consolidan como el principal pilar inversor de la administración autonómica al acaparar una partida conjunta que supera los 3.500 millones de euros, volumen que equivale a casi el 40 % del presupuesto global.
La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la cuantía global responde al objetivo de destinar los recursos a la sanidad, la dependencia, la educación, la igualdad, la conciliación, el empleo, el campo, los jóvenes y la vivienda. En el ámbito sanitario y asistencial, los fondos previstos se canalizarán prioritariamente hacia la ejecución de proyectos de mejora en las infraestructuras sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, la construcción de nuevos paritorios en el Hospital Materno Infantil de Badajoz y la adquisición de nuevas vacunas para reforzar los calendarios de inmunización de la población.
En el área específica de la dependencia, el documento presupuestario consigna partidas destinadas al incremento de los servicios de proximidad, así como al despliegue de nuevas prestaciones orientadas al envejecimiento, la atención a la discapacidad y la salud mental. Dentro de este bloque de gasto social, el programa de atención a la discapacidad MADEX dispondrá de una asignación de 63,45 millones de euros, cifra que supone un incremento de 5,2 millones de euros respecto a los fondos consignados en el presupuesto de 2026.
El diseño del proyecto presupuestario de Extremadura para 2027 toma como base un escenario macroeconómico fundamentado en un crecimiento estimado del Producto Interior Bruto del 1,8 %, previsión que cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y fija un objetivo de déficit público del 0,1 %. Sobre este cuadro de mando, las cuentas públicas autonómicas destinan cerca del 70 % de los recursos totales, equivalentes a 6.242 millones de euros, al conjunto de las políticas sociales, mientras que la partida reservada al desarrollo de las políticas económicas se sitúa en 1.973 millones de euros.
Inversiones educativas y ajustes tributarios
A distancia del bloque sanitario, el área de Educación contará con una dotación de 1.732 millones de euros para financiar el transporte escolar, los comedores, la mejora de infraestructuras educativas, la Formación Profesional y la Universidad.
En materia de política fiscal, el proyecto de ley mantiene la orientación a la baja en la carga impositiva. Las cuentas contemplan una reducción del 0,5 % en los dos primeros tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fijando los tipos en el 7,5 % y el 9,5 %. Asimismo, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados baja del 4 % al 3,5 % para jóvenes menores de 36 años, personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales. Por último, el borrador incorpora deducciones específicas para las personas afectadas por la talidomida y una nueva deducción de 4.000 euros dirigida a enfermos de polio.
Lilisbeth Perestelo: 
