Gestión

Primer protocolo español para evaluar la voz del paciente en las ETS

Un análisis sobre 49 evaluaciones de la red técnica nacional acredita el valor de las vivencias ciudadanas en sanidad. Sin embargo, los técnicos afrontan dificultades de captación y los usuarios reclamaron una intervención temprana con menos tecnicismos.
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La Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha articulado un modelo pionero a escala internacional para examinar y medir de forma continuada cómo intervienen los usuarios en sus informes técnicos. La iniciativa, cuyos pormenores metodológicos y primeros resultados empíricos aparecieron recogidos en la revista International Journal of Technology Assessment in Health Care, supuso el primer sistema nacional de monitorización que integra a todas las agencias del Estado bajo un esquema unificado de rendición de cuentas y seguimiento longitudinal.

El diseño del marco evaluativo, coordinado en su base de indicadores por el Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud y desarrollado con el Grupo de Interés en Participación de Pacientes y Determinantes Sociales de la Salud de la red, tomó como referencia el marco europeo ‘PARADIGM’. Mediante una técnica Delphi modificada en dos rondas con panelistas multidisciplinares, los investigadores sintetizaron 35 indicadores centrados en estructura, proceso y resultados. Este catálogo nutrió tres cuestionarios específicos en línea dirigidos a las direcciones de las agencias, a los técnicos coordinadores de los informes y a los propios pacientes participantes.

Primer ciclo con cobertura total

La primera aplicación práctica del protocolo tuvo lugar en marzo de 2025 mediante la plataforma telemática Encuesta Fácil y abarcó la totalidad de las ocho agencias integradas en el organismo público. Los técnicos coordinadores completaron los cuestionarios correspondientes a los 49 informes de evaluación de tecnologías sanitarias publicados a lo largo del periodo comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2025. En paralelo, diez de los 33 pacientes que tomaron parte en dichos procedimientos respondieron a la consulta diseñada para pulsar su experiencia directa.

El balance cuantitativo de este primer ciclo reflejó que 20 de los 49 informes evaluados, lo que representó el 41 por ciento del total, incorporaron formalmente la aportación del paciente. Por el contrario, 29 documentos técnicos, equivalentes al 59 por ciento restante, carecieron de dicha perspectiva. En 23 de estas 29 evaluaciones desiertas la participación ni siquiera estuvo contemplada en el diseño inicial, mientras que en seis casos sí se programó pero resultó inviable por dificultades de captación, ausencia de respuesta o falta de tiempo organizativo.

Consultas tardías y presencia testimonial

Más allá de constatar la presencia formal de los usuarios, el valor diferencial del nuevo protocolo estribó en radiografiar la intensidad cualitativa de su papel. En el 85 por ciento de los informes donde hubo participación, el trabajo con pacientes consumió menos del 25 por ciento del tiempo total de elaboración de la evaluación. Asimismo, en la gran mayoría de las ocasiones los equipos recurrieron a un único paciente, contactado a través de asociaciones, y únicamente un documento reflejó colaboración interinstitucional entre agencias para articular el proceso participativo.

Las intervenciones descritas se concentraron de forma prioritaria en tramos muy específicos del procedimiento técnico, como la revisión del protocolo y la validación del borrador preliminar de los informes. Los encuentros de deliberación y las investigaciones cualitativas primarias, tales como entrevistas en profundidad para levantar vivencias personales respecto al impacto de las patologías, tuvieron una frecuencia significativamente menor dentro de la muestra analizada.

Por su parte, los diez pacientes que cumplimentaron la encuesta valoraron positivamente la oportunidad de compartir sus experiencias para mejorar la calidad asistencial, aunque expusieron fricciones operativas que limitaron el alcance de su intervención. Manifestaron dificultades para asimilar la terminología técnica empleada en los borradores, falta de certidumbre previa sobre el rol que debían desempeñar y una acusada ausencia de retorno o comunicación posterior para comprobar de qué manera sus aportaciones habían condicionado o modificado las conclusiones definitivas del informe.

Ajustes operativos para el modelo

El análisis conjunto de los tres cuestionarios posibilitó identificar fallos metodológicos en el propio ciclo de seguimiento, lo que condujo a una actualización del protocolo que culminó formalmente en mayo de 2025. La baja tasa de contestación de los pacientes, situada en el 30 por ciento, estuvo vinculada a que las encuestas se enviaron con varios meses de retraso respecto a su colaboración, motivo por el cual la nueva directriz estipula su remisión inmediata tras la publicación del documento evaluativo.

A su vez, los responsables metodológicos advirtieron una importante barrera de representatividad. La casi totalidad de las colaboraciones procedió de miembros directivos de asociaciones consolidadas, lo que tiende a beneficiar a perfiles con mayor alfabetización sanitaria y deja al margen a pacientes individuales, personas cuidadoras o colectivos en situación de vulnerabilidad social. Ante ello, las agencias acordaron potenciar las actividades formativas especializadas para la ciudadanía y afinar la aplicación del algoritmo decisional de la red para planificar la intervención desde fases tempranas y evitar que el paciente sea concebido como un trámite administrativo añadido.

El trabajo concluyó que este protocolo no busca resolver debates normativos sobre la legitimidad participativa, sino fijar un mecanismo objetivo de rendición de cuentas que visibilice cómo, cuándo y con qué grado de influencia real se incorpora a la ciudadanía. En un escenario regulatorio europeo marcado por la aplicación del Reglamento 2021/2282 sobre evaluaciones clínicas conjuntas, que exige la inclusión de los pacientes sin detallar su operativa evaluadora, la experiencia española ofrece una metodología transferible y escalable para consolidar la toma de decisiones basada en la evidencia compartida.

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