El documento de asistencia a ilegales se tiene que renovar anualmente

Las personas en situación irregular que se encuentren en España y quieran acceder a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud deberán acreditar una permanencia en nuestro país de al menos seis meses, no tener recursos (ingresos inferiores a 532 euros al mes), y justificar, mediante un mediador asistencial, su vulnerabilidad socioeconómica y estar incluidos en un registro elaborado al efecto. Estas son las condiciones que el Ministerio de Sanidad ha trasladado a las comunidades autónomas en la reunión de la Comisión de Prestaciones que ha tenido lugar este miércoles.

Eso sí, estos requisitos dan derecho a asistencia, pero no a tarjeta sanitaria. A los solicitantes se les entregará un documento de certificación o acreditativo que deberán enseñar junto con su pasaporte o documento de identidad cada vez que necesite asistencia sanitaria. El documento tendría validez de un año, renovable por periodos anuales y en los plazos y forma que decida cada comunidad autónoma.

La propuesta, no obstante, no es definitiva ya que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha dado a las comunidades autónomas un plazo de 15 días para que hagan sus aportaciones de mejora a las condiciones presentadas por el departamento que dirige Alfonso Alonso.

Con estas medidas, el Gobierno pretende asegurar la asistencia sanitaria a todos los residentes irregulares en nuestro país, sin fomentar el turismo sanitario ni propiciar que, con cargo a los fondos de nuestro país se financie parte de la asistencia de ciudadanos de otros países europeos.

Las personas que cumplan estos requisitos, con la colaboración de un mediador o un trabajador social si es necesario, deberían presentar la solicitud de acceso al programa de asistencia en “el centro de salud o ante las unidades designadas al efecto en cada comunidad”. Si se valora que la persona incurre en una situación de vulnerabilidad, “será incluida en una base de datos a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios, “a efectos de contabilidad real y seguimiento de estos pacientes”.