Gestión

Las ayudas para 130 víctimas la talidomida llegan al Consejo de Ministros

Los importes serán de 12.000 por cada punto de discapacidad, y los afectados esperan no tener que tributar la mitad de los importes a Hacienda
Imagen de la presentación de los resultados provisionales del Comité de Evaluación Científico-Técnico de la Talidomida.

60 años después de que determinadas malformaciones en niños recién nacidos fueran asociadas al consumo de talidomina, el Gobierno de España ha decidido indemnizar a 130 de las víctimas ocurridas en el país.

Según fuentes de la asociación de pacientes Avite está previsto que este martes, el Consejo de Ministros aborde el Real Decreto por el que se aprueban estas ayudas. Según indican las ayudas supondrán una indemnización de 12.000 euros por punto de discapacidad. Si una persona tiene una valoración de un 25% de discapacidad, percibirá 300.000 euros.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales se el decreto “busca hacer justicia” y se indican que las ayudas se ordenarán a través del Inmerso y se podrán solicitar desde el mismo día de su publicación.

El decreto se ha conocido después de la reunión de representantes de Avite con la Fiscalía, el pasado mes de mayo, para valorar una posible investigación por si el Gobierno había cometido prevaricación al no haber reconocido unas ayudas que llevan fijadas en los Presupuestos Generales del Estado, desde hace cinco años y todavía no se habían hecho efectivas.

Por parte de Avite, en una rueda de prensa convocada este mismo lunes, han evitado hacer valoraciones sobre el contenido del decreto en sí, hasta que este no sea publicado, ya que desconocen su contenido. Según ha asegurado el presidente de la asociación, José Riquelme, ha indicado que la entidad presentó varias alegaciones al decreto en su periodo de consulta pública y aún “no sabemos si  se han tenido en cuenta o no”.

Lo que sí que han manifestado es el deseo de que las ayudas queden exentas de tributación. Además de ello, piden “un perdón público” tras décadas de silencio y que el Estado les tenga la misma consideración que a otros colectivos.

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