FEFE duda de que laboratorios y distribución hayan aportado su parte de los descuentos del RDL 8/2010

La Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE) tiene muchas dudas acerca de que todos los laboratorios y todas las compañías distribuidoras hayan aportado lo que les correspondía en relación a los descuentos del 4; 7,5 y 15% establecidos en el Real Decreto-ley 8/2010. Según FEFE lo único claro es que la farmacia ha entregado a las comunidades autónomas 2.457 millones de euros. Esa cuantía estaría formada por los 459 millones que tendría que asumir la farmacia, además de los 1.668 millones de la industria y los 329 que debería haber pagado la distribución.

Pues bien, la patronal de las farmacias tiene serias dudas de que todas las compañías farmacéuticas, especialmente aquéllas que no pertenecen a Farmaindustria, así como algunas compañías de distribución hayan cumplido con sus obligaciones a lo largo de estos cinco ejercicios. De este modo, FEFE denuncia que "los pagos correspondientes a la Distribución no se han hecho efectivos mediante un sistema transparente, existiendo dudas fundadas de que los 329 millones que correspondía pagar a los almacenes hayan minorado realmente la cantidad pagada por las farmacias". Del mismo modo, indica que tampoco hay datos sobre los laboratorios que han dejado de pagar, bien por no pertenecer a Farmaindustria, o por otras causas, aunque "existe constancia de que hay laboratorios que no han pagado", ha confirmado.

A la vista de esta situación y de que el procedimiento establecido para la aportación de los descuentos de cada agente de la cadena ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo, FEFE quiere llamar la atención de que, "a partir de ahora, la continuación del procedimiento declarado ilegal por el Tribunal Supremo, puede dar lugar a responsabilidades de todos los agentes y del Ministerio de Sanidad". Por este motivo, la patronal de las farmacias reclama "una rápida solución mediante una norma válida" para el Cumplimiento de lo dispuesto en el RDL 8/2010, o bien, incluir "la derogación de los descuentos en alguna de las leyes que se están tramitando", algo que sería "de justicia" para un sector que ha perdido un 30% de sus ventas desde el año 2010, y que está creciendo muy por debajo de la economía del país.