El Departamento de Salud de Navarra ha comunicado la aperturta de un plazo, que va desde el 11 de abril hasta el 11 de mayo, para la presentación de alegaciones al proyecto de Orden Foral que regulara las ayudas para el pago de medicamentos destinadas a las rentas más bajas, "con el fin de que cualquier persona o entidad pueda hacer las aportaciones o propuestas de mejora del documento que considere necesarias", explican.
Una vez finalizado este proceso, y tras el análisis de las aportaciones realizadas y su eventual incorporación al texto, se prevé que la norma entre en vigor el próximo mes de julio, tras lo que se pondrán en marcha las oportunas convocatorias de ayudas.
El Departamento navarro estima que la nueva medida beneficiará, aproximadamente, a 242.000 personas, de las que 197.000 son personas en activo con rentas inferiores a 18.000 euros al año, y 45.000, pensionistas con rentas inferiores a 6.000 euros. Sobre los pensionistas con rentas de entre 6.000 y 18.000 euros, afirman que "no cambian de situación porque ya se benefician del tope máximo de 8,23 euros al mes". Las cuantías para las personas beneficiarias con rentas que no superen los 6.000 euros, que se abonarán trimestralmente, serán iguales a la diferencia entre el importe de lo pagado cada mes y 2,6 euros. En el resto de personas beneficiarias, las ayudas se corresponderán con la diferencia del importe pagado cada mes y 8,23 euros.
En lo que respecta al coste para las arcas, este será como máximo de 3 millones de euros, según los datos que maneja Salud, y sólo en caso de que todos los beneficiarios llegaran a solicitar la devolución. De hecho, para este primer año se ha presupuestado una dotación económica de 1 millón de euros, que cubrirá las ayudas que se concederán entre julio y noviembre, explican.
En lo que respecta a la justificación de la medida, inciden en que, de esta forma, pretenden "facilitar la adherencia a los tratamientos médicos a aquellos colectivos con rentas bajas que, a partir de la entrada en vigor de la normativa estatal (Real Decreto-ley 16/2012) que modificó el sistema de aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica, deben pagar por dicha prestación cuando antes no lo hacían". Para el Departamento navarro, "estos colectivos son especialmente vulnerables ya que tienen dificultados para cumplir los tratamientos debido al desembolso económico que supone (en ocasiones hasta del 40%)".
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: