Algunas comunidades socialistas han iniciado una campaña de ataque al convenio de Farmaindustria con los ministerios de Sanidad y de Hacienda y Administraciones Públicas a pocas fechas de su renovación. La regiones han puesto el grito en el cielo a causa de la obligatoriedad de su suscripción, si quieren acudir a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), así como por asegurar supuestamente un gasto farmacéutico mínimo, en beneficio de la industria.
A pesar de que la obligación ya estuvo vigente para las regiones que a lo largo de 2017 han requerido acceso al FLA, varias comunidades socialistas han criticado este martes tanto esta obligación como que supuestamente el convenio de Farmaindustria signifique “un blindaje” para la industria farmacéutica que, según dicen, aseguraría un nivel de gasto similar al del Producto Interior Bruto (PIB).
En este sentido, la consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha señaldo en una entrevista con El Diario, que el convenio con Farmaindustria es “un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades". A su juicio, “abre la puerta a incentivos o compensaciones a la industria en caso de que el gasto farmacéutico en medicamentos de marca no crezca al mismo ritmo que el PIB y asegura un crecimiento al menos igual que el PIB a Farmaindustria”.
Tras la publicación de esta entrevista se han sucedido reacciones de algunas regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha en la misma línea que Montón. En el caso de Andalucía, su presidenta, Susana Díaz ha afirmado que el Gobierno pretende “asfixiar” a las comunidades autónomas para entregar el “negocio” de los medicamentos a las grandes compañías farmacéuticas. En el caso de Castilla-La Mancha, el diputado regional del PSOE José Luis Escudero ha considerado que la obligatoriedad de adherirse al convenio con Farmaindustria para acceder al FLA supone condicionar la ayuda financiera a las comunidades autónomas "un blindaje a la industria farmacéutica" y un bloqueo de los genéricos.
Extremadura, a favor
Pero no todas las comunidades socialistas ven con malos ojos el convenio de Farmaindustria. En este sentido, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha asegurado que los controles farmacéuticos son "imprescindibles" para mantener la calidad de la sanidad. Por ese motivo ha declarado no ver aspectos negativos en el convenio que se tiene que firmar con la patronal de la industria innovadora. "No he acabado de entender las consecuencias negativas que se ven porque es una medida encaminada a asegurar de un año a otro que el gasto en medicamentos no crezca por encima de lo que crecen los presupuestos y que si creciera el gasto por encima de eso la industria se responsabiliza de retornar esos recursos a los servicios públicos en forma de devolución de una parte de la factura", ha explicado Fernández Vara. Por ese motivo ha aseverado que “no está en contra” de la firma de estos convenios.
Ante la avalancha de declaraciones de los responsables socialistas, Farmaindustria se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que explica que los incentivos que contempla el convenio para el caso de que el crecimiento del gasto farmacéutico fuera menor que la regla de gasto, no son “una decisión automática, como en las compensaciones que tendría que hacer la industria farmacéutica, sino una posibilidad que podría plantear la Comisión creada para el seguimiento del cumplimiento del Convenio”. Por eso, considera que, tal y como se puede comprobar en el convenio “es erróneo afirmar que una Administración pública deba compensar con incentivos a empresas asociadas a Farmaindustria en el caso de que el gasto farmacéutico crezca por debajo del PIB”. En este sentido, la patronal recuerda que el gasto de 2016 quedó lejos de la regla de gasto y “no se aprobó incentivo alguno”. Esta cuestión ha sido refrendada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a Diariofarma, que ha informado que, dado que las compensaciones a realizar, tal y como se especifica en el convenio, serían de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2010, que regula las deducciones del 4%, 7,5% y 15%, “implicaría modificar la citada Ley”, explican fuentes del Departamento de Cristóbal Montoro.
Absolutamente positivo para el SNS
Por ello, desde Hacienda consideran que el convenio es “absolutamente positivo y muy ventajoso para la sostenibilidad del sistema y la racionalización del gasto farmacéutico público, además de una garantía para el Estado en cuanto al control de dicho gasto”.
Igualmente, la patronal de la industria innovadora quiere dejar claro, además, que el convenio “materializa el compromiso de la industria farmacéutica con el control presupuestario”. en este sentido, en su comunicado también sale al paso de las informaciones que indican que a consecuencia del convenio una comunidad autónoma esté obligada a alcanzar un nivel de gasto. “Es erróneo”, ya que "el nivel de gasto es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma", explica Farmaindustria
Por último, Farmaindustria considera “importante clarificar estos aspectos y evitar que un debate de índole política que se sustenta sobre supuestos falsos pueda suponer perjuicios” tanto al sector farmacéutico innovador como a los propios pacientes, que son “en última instancia los principales beneficiarios de este acuerdo”.
