En total, según una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, son ya (a fecha 27 de septiembre de 2018) 2.857 los reclusos a los que se ha tratado o se está tratando con los nuevos antivirales de acción directa para la hepatitis C. Eso supone un incremento de más de 1.000 pacientes con respecto al último año, teniendo en cuenta la respuesta que daba el anterior Ejecutivo a una cuestión similar, también planteada por los socialistas, en octubre de 2017, en la que se hablaba de 1.760 internos en tratamiento.
Cabe destacar, no obstante, que actualmente hay, según cifras oficiales, 3.600 presos diagnosticados, frente a los 2.900 que había en octubre del año pasado. Hay que tener en cuenta también, como dice el Gobierno ahora, "que el continuo recambio entre los internados en prisión, cuya estancia media es de seis meses, hace que siempre haya internos recién diagnosticados que precisarían tratamiento a la vez que salen en libertad internos con el tratamiento finalizado y carga viral indetectable". Eso alteraría un poco los datos.
Pero quizás lo más importante fue la decisión de, en el marco del Plan Estratégico contra la Hepatitis C, dar un paso más en lo que respecta al tratamiento por grado de fibrosis. Actualmente, indica el Ejecutivo, de los que tienen F2-F4 "solo estarían pendientes de tratar aquellos cuyo estudio y prescripción por los sistemas autonómicos de salud no esté finalizado y que se corresponden con internos de reciente ingreso no tratados previamente en libertad". Además, para los internos en estadio F0-F1 "no existe ninguna restricción de tratamiento, de acuerdo a lo indicado en el Plan Estratégico Nacional". "La recomendación es priorizar los recursos diagnósticos necesarios de los sistemas autonómicos de salud en igualdad de condiciones que la población general", continúan.
Precisamente, en materia de diagnóstico, el Gobierno confirma que se está realizando a todos los internos, en el momento del ingreso en prisión y durante el primer mes, "una completa analítica y otras pruebas diagnósticas, con la finalidad de un diagnóstico precoz del VIH, de las hepatitis B y C, de la tuberculosis y de la sífilis y otras ITS". En este sentido, se ha detectado que "la prevalencia al ingreso de internos con carga viral presente es inferior a la media entre los ya internos, situándose en torno al 6% de los ingresos", cifra que, además, esperan que "vaya bajando progresivamente en función de la progresión del número de personas tratadas previamente en libertad por los sistemas autonómicos de salud".
El coste de los tratamientos
Otro dato importante es el de los costes. El Ejecutivo calcula que, para el año 2018, se podrían gastar unos 2,5 millones de euros, los cuales, al no existir una partida presupuestaria específica, se devengarán del presupuesto destinado al gasto farmacéutico, que, indican, "el pasado año superó los 30 millones de euros incluyendo los productos de adquisición centralizada y los adquiridos directamente por los Centros Penitenciarios".
En el caso de los fármacos para la hepatitis C, cabe destacar la gran bajada de precios experimentada en los últimos años. En la respuesta del anterior Gobierno, es decir, correspondiente a octubre de 2017, se indicaban precios que iban desde los 10.000 euros de los más baratos (Exviera y Viekirax), hasta los 20.000 euros del más caro (la combinación Daklinza/Sovaldi). En cambio, en la última respuesta se indica que ahora los tratamientos se mueven en una horquilla entre los 6.500 y los 8.000 euros.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: