Política

El PP insiste en que los acuerdos del Interterritorial sean vinculantes

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una PNL instando al Gobierno a modificar el reglamento del Consejo Interterritorial para adaptarlo al de las conferencias sectoriales de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Teresa Angulo, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados

El Partido Popular sigue empeñado en que el estatus jurídico del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) se rija por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, en concreto, que sea considerado una conferencia sectorial.

Así lo ha reclamado el primer partido de la oposición en sendas Proposiciones No de Ley presentadas en el Congreso de los Diputados para debatirse tanto en el Pleno como en la Comisión de Sanidad.

La PNL, firmada por la portavoz de Sanidad, María Teresa Angulo, y la portavoz del Grupo Parlamentario y ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, insta al Gobierno “a aprobar, desde el respeto al reparto competencial vigente y en coordinación con las Comunidades Autónomas, un nuevo Reglamento interno de organización y funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que posibilite su adaptación a la regulación sobre las conferencias sectoriales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".

Cabe recordar que el PP en el Gobierno estuvo durante casi dos años tratando de modificar el reglamento del CISNS con el objetivo de ajustarlo a lo establecido en la Ley 40/2015, pero la mayoría de las comunidades gobernadas por el PSOE así como País Vasco y Cataluña, se negaban a aceptar esa circunstancia que supondría un mayor grado de compromiso en los acuerdos denominados de coordinación.

De este modo, la PNL presentada recuerda que durante 2017 y el inicio de 2018 se prolongaron unos trabajos en el seno del CISNS para elaborar y consensuar con las Comunidades Autónomas el nuevo reglamento. No obstante, a partir de la moción de censura “poco ha trascendido a las Comunidades Autónomas, al sector sanitario y a la opinión pública en general sobre la voluntad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social por avanzar en la consecución del nuevo reglamento más allá de declaraciones como las realizadas a comienzos de septiembre por la ya exministra Carmen Montón, según la cual "cambiar el reglamento es una magnífica oportunidad para cambiar no solo el fondo, sino también las formas””, explican Angulo y Montserrat.

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