La secretaria de la Federación de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, y el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Luis de Palacio, han confirmado a Diariofarma la celebración de una reunión con representantes de la Dirección General de Trabajo, el pasado día 30 de enero, para solicitar la publicación del XXV Convenio de Farmacia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, de esa forma, darle validez. No obstante, la decisión de la autoridad habría sido de la negar esa posibilidad hasta que se pronuncie la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el próximo 26 de febrero. "Para que eso ocurriera tendrían que desistir del juicio, y ya sabemos que no lo van a hacer", afirma De Palacio.
Cabe recordar, a este respecto, que fue la propia Dirección General de Trabajo, denominada entonces Dirección General de Empleo, la que remitió el XXV Convenio a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, tras una solicitud de impugnación presentada por la Federación de Sanidad de CCOO. Tras verificar que la firma del mismo se había producido dentro de los parámetros de la legalidad, la Dirección General solicitó a UGT la acreditación de que había cumplido con los requisitos de legitimación, que exigen tener la mitad de la representación más un delegado, extremo que no pudo acreditarse, de lo que se derivó una comunicación de oficio a la Sala de la Audiencia Nacional para que resolviera si se había cumplido con dichos criterios, y que será lo que se resuelva el día 26.
Pese a lo dicho, tanto la representante de UGT como el de FEFE insisten en argumentar que el requisito de legitimación no aplica a una situación como la ocurrida durante la negociación del XXV Convenio, y se agarran para ello a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que habría considerado que la mesa negociadora, a la que se citó a UTF, CCOO y Fetrafa, sindicatos que decidieron ausentarse el día en que la mesa se constituyó, fue legalmente constituida.
El presidente de FEFE considera que el argumento de la legitimación queda desestimado por la sentencia del Tribunal Supremo. En su opinión, la discusión no se puede centrar en si UGT puede firmar un convenio estatutario sectorial, ya que se entiende "que para la firma de un convenio de aplicación parcial no hace falta constituir una mesa, y es precisamente la constitución de esa mesa lo que ha sido avalado por el Supremo". "Si el Supremo dice que la mesa se puede constituir solo con UGT, como ha dicho, lo que salga de esa mesa tiene que tener efecto de convenio estatutario sectorial", apostilla.
La actitud de los sindicatos ausentes
Álvarez explica que han vuelto a transmitir a la Dirección General de Trabajo su disconformidad con "el hecho de que un sindicato decida no presentarse a la convocatoria de una mesa negociadora" y que eso pueda servirle para evitar que lo que se acuerde en esa mesa tenga validez. Se apoya para justificar esta postura en la sentencia del Supremo, que, recuerda, "habla de obstrucción y mala fe", en referencia a los ausentes. En su opinión, la actitud de estas organizaciones supone "una dejación de funciones como representantes de los trabajadores". "Nuestra obligación como sindicatos es la de ir, mostrar nuestro desacuerdo y, si es preciso, no firmar el convenio. Lo que no puedo permitir es que la mesa se constituya sin mí", concluye.
Con esta decisión de la Dirección General de Trabajo, todo queda visto para la sentencia que pueda dictar la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el próximo día 26. A los distintos actores solo les queda esperar. En cuanto a las expectativas que tienen para ese juicio, todos consideran tener razón, según han transmitido a Diariofarma, y parece que llevarán este caso hasta las últimas consecuencias. En juego está, entre otras cosas, el punto de partida para la negociación del próximo convenio.