La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar la decisión adoptada en Consejo de Ministros de liberar un total de 4.682 millones de euros en concepto de entregas a cuenta a las comunidades autónomas "para que los servicios públicos no queden supeditados a la formación de un Gobierno ni la aprobación de unos nuevos Presupuestos". Asimismo, se transferirán 821 millones a las corporaciones locales bajo la misma fórmula y con el mismo fin.
La fórmula acordada consiste en la aprobación de un Real Decreto que, según Montero, supone "un hito" en términos de autonomía presupuestaria para los gobiernos regionales. "La aprobación de este Decreto significa un fortalecimiento de la autonomía financiera de las CCAA y garantiza que en el futuro no sean víctimas de la parálisis en el Gobierno central", ha afirmado, adelantando su intención de que esa concepción quede plasmada, también, en la reforma de la normativa que regula la financiación autonómica.
La ministra ha hecho referencia al revés que supuso el primer informe de la Abogacía del Estado contra la medida, y al hecho de que el Gobierno decidiera "seguir trabajando" para atender a sus argumentos. Así, en primer lugar, ha considerado que la decisión de celebración de nuevas elecciones el próximo 10 de abril hace que esta decisión "no vaya a interferir en las actuaciones de un nuevo Ejecutivo" en este 2019, con lo que quedaría resuelta, a su juicio, una de las preocupaciones expresadas por la Abogacía.
Por otro lado, ha hecho referencia a "la monitorización de las cuentas de las CCAA" que han realizado, "para demostrar que había urgencia y necesidad, que podría peligrar la provisión de servicios públicos". A este respecto, Montero ha asegurado "que la prestación no se ha visto amenazada", pero sí ha reconocido que, "a la fecha de hoy, nos encontramos con CCAA que pueden tener dificultades de pago ya en noviembre, por lo que se puede decir que existe esa urgencia para preservar los servicios, entre ellos los sanitarios, los pagos de nóminas y los pagos a proveedores por no haberles llegado unos recursos que les corresponden".
Para la ministra, esta decisión del Gobierno en funciones demuestra su "responsabilidad", así como de su reconocimiento al papel de las CCAA "en la vertebración del territorio y a su obligación en la prestación de servicios básicos". Ha recordado que, además de estos 4.600 millones, se les han hecho llegar ya otros 2.136 por la actualización automática derivada de la prórroga presupuestaria y atendiendo al criterio de actualización de población, con lo que el importe total por entregas a cuenta en 2019 ha sido de 102.000 millones, "más de un 7% superior que en el año anterior, la cifra más alta de la serie histórica".
