El Congreso de los Diputados ha dado este viernes luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley de medidas para garantizar el carácter público del Sistema Nacional de Salud, presentada por la portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto, Jone Belarra.
Con esta iniciativa, Podemos vuelve a la carga contra el Gobierno en la batalla por la ‘desprivatización’ del sistema sanitario que la formación morada mantiene frente al Gobierno de Pedro Sánchez desde la pasada legislatura, cuando el propio Podemos formaba parte del denominado Gobierno de Coalición. Ahora en la oposición, tras la salida de Sumar, y refugiado en el Grupo Mixto, los liderados por Ione Belarra, lanzan una nueva alternativa a la denominada ‘Ley Darias’ que la Cámara Alta sigue sin someterse a la aprobación del Congreso y en la que cargan contra “toda forma de privatización”, incluidas también las mutuas de funcionarios.
La proposición no de ley de Podemos no aporta demasiadas novedades en relación a las manifestaciones que ha venido manteniendo el grupo político desde la pasada leguislatura. Su objetivo es “derogar la Ley 15/1997 y consagrar el carácter común, ordinario y preferente de la modalidad de gestión pública directa con la finalidad de asegurar la equidad y la calidad del sistema sanitario público”.
Igualmente, la nueva norma que someten a trámite “impide privatizar los centros, servicios y establecimientos sanitarios que se creen o en la actualidad se gestionen directamente”, y además “proporciona amparo a los procesos de desprivatización de la sanidad, establece garantías para que no se utilice la contratación pública como vehículo jurídico dirigido a privatizar formal o materialmente la gestión integral de los centros y establecimientos sanitarios”.
La ley consta de tres artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, otra transitoria y tres disposiciones finales, y en su elaboración se han tenido en cuenta los principios de la buena regulación recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En ellas, Podemos, condena la colaboración en la prestación de servicios entre las administraciones y empresas, faculta al Consejo Interterritorial para actuar como “vehículo garante de la desprivatización” y los faculta como un agente para la “reversión” de cualquier participación público y privada y elimina la existencia de las mutuas.
“La atención sanitaria al personal de nuevo ingreso incluido en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) será prestada directamente por los Servicios Públicos de Salud del Sistema Nacional de Salud, sin que pueda ser facilitada por concierto con otras entidades o establecimientos privados”.
Nicolas Gonzalez Casares: