El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el techo de gasto para 2025, que vuelve a ser, como ya ocurrió el pasado año, el más alto de la historia. El Ministerio de Hacienda eleva el límite de gasto no financiero hasta los 199.171 millones.
La ministra María Jesús Montero, confía en que los Objetivos de Estabilidad para el periodo 2025-2027 permitan configurar los primeros Presupuestos Generales de la presente legislatura. Montero espera tener estas cuentas públicas aprobadas para el 31 de diciembre.
Un plan del Gobierno incluye “objetivos más ambiciosos de reducción de deuda y de déficit”, pero a la vez “mantiene la premisa de reforzar los servicios públicos y no aplicar recortes para seguir fortaleciéndolos”. En ese sentido, la ministra se ha referido al refuerzo del Estado del Bienestar con el respeto a las reglas fiscales.
En ese mismo sentido, Montero ha señalado que “será la Administración Central quien asumirá los mayores esfuerzos para dar más margen a los territorios con el fin de que presten mejores servicios a sus ciudadanos”.
El techo de gasto ‘nacional’ para 2025, sin incluir los fondos europeos, alcanzará los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024. 6.138 millones más. Una cifra “prudente” para Montero, que es coherente con la responsabilidad fiscal, pero que a la vez facilita seguir “reforzando los servicios públicos”.
El límite de gasto no financiero total, incluyendo los fondos europeos, se sitúa en 199.171 millones de euros. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
De cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, “que se presentarán en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año”, Montero explica que “contemplarán un incremento notable de las partidas destinadas para los servicios públicos que se combinarán con la estabilidad presupuestaria”.
Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, deberá situarse en el 2,1%. Y, por último, en 2027 tendrá que bajar hasta el 1,8%. La senda vigente hasta ahora era menos exigente y contempla un objetivo de déficit del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.
La Administración Central asumirá íntegramente el mayor esfuerzo fiscal. Para 2025, su objetivo será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, deberá alcanzar el 1,8%, un punto menos que en el plan anterior. Por último, en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%. Un mayor esfuerzo que se explica con la finalidad de más margen a los territorios.
En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo de estabilidad será del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027. “Una senda más beneficiosa que la vigente hasta ahora y que contemplaba un objetivo de superávit del 0,1% para 2025 y 2026”, aseguran desde el Ministerio de Hacienda.
“Las comunidades autónomas logran dos décimas más de margen fiscal”, ha señalado Montero. Algo que evidencia esa apuesta por darles las mayores facilidades, al contar con un margen más amplio para que elaboren sus cuentas públicas”, explica la ministra. La Administración Local también contará con mayor margen fiscal.
Entregas a cuenta récord
Los territorios volverán a disponer de unas entregas a cuenta que serán superiores a las correspondientes al ejercicio anterior. Los acuerdos aprobados el lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) recogen que las autonomías reciban 147.412 millones en 2025, un 9,5% más que en las entregas a cuenta correspondientes a 2024. Si a esto se le suma la previsión de liquidación de 2023, la financiación total alcanza los 158.167 millones.
En el caso de las Entidades Locales, recibirán en 2025 26.893 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 13,1% más que en 2024.
Si bien la fijación del techo de gasto es potestad del Gobierno, el Ministerio de Hacienda sí tendrá que someter a votación en las Cortes Generales la senda de estabilidad. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha indicado que la deuda pública del conjunto de las administraciones debe reducirse al 103,6% del PIB en 2025. Un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior a la de 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Por último, el Acuerdo incluye la regla de gasto, variable contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por la que el gasto computable no puede estar por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB. Esta se ha fijado en el 3,2% en 2025, el 3,3% en 2026 y el 3,4% en 2027.
