La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre los botiquines farmacéuticos en el ámbito rural. La iniciativa ha contado con el rechazo de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias y la abstención de Vox.
La proposición de ley, defendida por Cristina Vega, señalaba la necesidad de modificar el artículo 38 de la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica de la Comunidad, para dar flexibilidad a la presencia del farmacéutico en estos botiquines. El PP planteaba que “la presencia física y la actuación profesional de un farmacéutico serán indispensables para el funcionamiento del botiquín en las horas en que este permanezca abierto” y que solo “con carácter excepcional la presencia física puede ser sustituida por la atención y supervisión telemática”.
Según se explica en los motivos de presentación de la iniciativa, este tipo de servicios “están en peligro de desaparición”. En ese sentido la diputada indicabaque las farmacias que tienen vinculado un botiquín están en zonas alejadas y “cuentan con la presencia de un único titular de ambos establecimientos, que no puede cumplir a la vez con los horarios de la oficina de farmacia y del botiquín farmacéutico”.
Igualmente recordaba que el Tribunal Constitucional señaló en una sentencia de 2008 que la regla de la presencia física del farmacéutico “no puede desembocar en la exigencia rigurosa y bajo cualquier condición”.
La diputada además ha recordado casos en otras comunidades autónomas en los que a través de la vía telemática o telefónica “funcionan desde hace una década sin conflicto alguno”.
Modelo de farmacia
Desde el resto de grupos no han compartido la visión de Vega. Para IU-Convocatoria por Asturias, la medida planteada por el PP, es “una proposición liberalizadora que abre la puerta a la degradación de un servicio público esencial”, según ha indicado el diputado Xabel Vegas.
El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha advertido de que la propuesta supone un "agravio comparativo" al establecer modelos distintos de atención farmacéutica en función del tipo de establecimiento y ha cuestionado la validez de los ejemplos citados por el PP. Mientras que desde el PSOE, se considera que una medida como esta lo que intenta es “cambiar el modelo”, actual por otro centrado en la viabilidad económica, según ha indicado Jacinto Braña. Para este diputado, la iniciativa del PP es una "oportunidad de negocio, más que una garantía sanitaria”.
Finalmente, desde Vox, Sara Álvarez ha valorado el sentido práctico de la medida, pero ha señalado los posibles conflictos que esta norma podría tener con las vigentes en el ámbito estatal. “La única forma correcta de introducir cambios en este ámbito debe llegar a través de la normativa nacional, concretamente con una modificación de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia”











César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: