Política

Galicia se suma con Lugo a la carrera por acoger la sede de la Agencia de Salud Pública

El Consejo de Gobierno gallego cedería al Estado el edificio de la Consejería Territorial de Salud, donde actualmente se ubica el Laboratorio de Salud Pública de Galicia
El presidente gallego, Alfonso Rueda

La Xunta de Galicia ha mostrado este lunes la candidatura de Lugo para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, a la que ya se han sumado diversas localidades del conjunto del país. El Consejo de Gobierno  gallego ha respaldado el proyecto presentado por el municipio lucense y ha anunciado que proporcionará al Ayuntamiento los informes sectoriales favorables de los departamentos autonómicos implicados para avalar y apoyar la candidatura: Turismo, Transporte, Vivienda, Agencia Gallega de Infraestructuras y Educación. 

De hecho, la Xunta ofrece el edificio de la Consejería Territorial de Salud como posible ubicación alternativa, una infraestructura que también alberga el Laboratorio de Salud Pública de Galicia y cuenta con 4.900 metros cuadrados, 900 m² más de lo requerido en las disposiciones del ministro..

Este edificio está acondicionado para que, en caso necesario, la Agencia Estatal de Salud Pública pueda comenzar a operar de inmediato, explica la Xunta, ya que actualmente cuenta con oficinas administrativas, laboratorios, un salón de actos y garajes. Cualquier pequeña adaptación que sea necesaria será compatible con el inicio de la actividad.

El edificio, propiedad de la Xunta y que sería cedido al Estado y en caso de que esta sea la ubicación elegida, la Consejería de Salud ya ha planificado opciones para trasladar el Laboratorio de Salud Pública de Galicia, ya sea a dos plantas del Hospital Calde o al sótano del Hospital Universitario Lucus Augusti; así como la Consejería Territorial, que podría trasladarse a la cuarta planta del Centro de Salud Integral de Lugo o a un edificio propiedad del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la plaza de Ferrol.

Se estima que la Agencia de Salud Pública contará con 60 profesionales durante el primer año y, dependiendo del despliegue y las posibilidades presupuestarias del Gobierno central, podría emplear hasta 300 personas.

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