La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una propuesta de enmienda al Proyecto de Ley por el que se modifica la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, con el objetivo de unificar los criterios de aportación entre el Régimen General de la Seguridad Social y el Mutualismo Administrativo. La iniciativa del sindicato, que se tramita en el Congreso de los Diputados tras proceder del Real Decreto-ley 11/2026, de 12 de mayo, plantea establecer un copago general del 30% para los trabajadores en activo y la gratuidad total para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos.
El texto de la enmienda busca eliminar las diferencias vigentes en la regulación actual, donde los trabajadores dependientes de la Seguridad Social aportan entre el 40% y el 60% en función de su nivel de renta, mientras que los funcionarios adscritos al mutualismo administrativo realizan una aportación fija del 30%, independientemente de que se encuentren en activo o jubilados. Para la organización sindical, el escenario normativo actual "mantiene una diferencia de trato difícilmente justificable entre personas trabajadoras y pensionistas en función del régimen de protección al que estén adscritas".
Exención para pensionistas y crónicos
La propuesta planteada por la central sindical exige la exención total de aportación para las personas pensionistas, jubiladas o retiradas, así como para sus beneficiarios. Esta medida supondría la recuperación de la situación regulatoria previa al Real Decreto de 2012, norma que introdujo los tramos de aportación vinculados a los niveles de renta con el objetivo de reducir el déficit público. En el modelo actual, los jubilados del régimen general abonan un 10%, alcanzando un 60% en rentas que superan los 100.000 euros, frente al 30% fijo que soportan los jubilados mutualistas.
Asimismo, CSIF reclama la gratuidad de los medicamentos para las personas con enfermedades crónicas, pluripatológicas o que requieran tratamientos de larga duración. En la actualidad, estos pacientes abonan un 10% del precio de los fármacos con topes máximos mensuales en la Seguridad Social, mientras que en las mutualidades administrativas la aportación permanece fija en el 30%. A juicio de la organización, "no hay una motivación suficiente que justifique que las/os empleados públicos jubilados incluidos en el mutualismo administrativo tengan que realizar una aportación mayor".
El plazo para la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley concluye, previsiblemente, el próximo 24 de junio. La tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados determinará la viabilidad de esta unificación regulatoria propuesta por el sindicato, orientada a homogeneizar el acceso a la prestación farmacéutica ambulatoria en España.
Lilisbeth Perestelo: 
