La Comisión Europea ha decidido remitir a Rumanía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido al incumplimiento reiterado de los plazos de pago por parte de la Casa Nacional de Seguros de Salud a las oficinas de farmacia. Esta institución pública superó de forma constante el límite máximo de 60 días naturales establecido en la Directiva 2011/7/UE para las entidades públicas de servicios sanitarios que realizan transacciones comerciales.
El Ejecutivo comunitario consideró que los retrasos en los abonos a las farmacias del territorio rumano constituyen un problema de carácter sistémico y persistente. Las farmacias asumen un papel fundamental en la financiación del sistema público, ya que adquieren los medicamentos de los fabricantes y distribuidores con cargo a sus propios fondos para luego dispensarlos a los pacientes. Posteriormente, la administración reembolsa dichos importes, lo que obliga al sector minorista a financiar la cadena de suministro de productos medicinales de forma anticipada.
La apertura del procedimiento de infracción comenzó en abril de 2024 tras las denuncias presentadas por diversas asociaciones farmacéuticas locales que representan a más de quinientas farmacias independientes. Los últimos datos aportados por las autoridades de Rumanía confirmaron que los pagos a estos establecimientos se ejecutaron con demoras medias de entre 62 y 79 días por encima del plazo máximo de 60 días que recoge la legislación europea.
La decisión de elevar el caso a las autoridades judiciales se produjo tras el envío previo de una carta de emplazamiento formal en abril de 2024, una opinión razonada en febrero de 2025 y un dictamen motivado adicional en enero de 2026. La institución europea determinó que los esfuerzos realizados por las autoridades rumanas hasta el momento resultaron insuficientes para subsanar la situación de impagos de la entidad aseguradora pública.
El impacto en las pymes
Los retrasos acumulados debilitan las cadenas de suministro farmacéuticas y merman la capacidad de crecimiento, competitividad e innovación de las empresas afectadas. La Comisión Europea remarcó que las demoras en el pago por parte de las administraciones públicas representan una de las barreras críticas para el Mercado Único. Por ello, la medida se encuadra en la estrategia de control para eliminar obstáculos comerciales recogida en la comunicación 'Un cuerpo normativo de la UE más sencillo, claro y mejor aplicado'.
La Comisión Europea priorizó la persecución de la morosidad pública en el 'Informe Anual de Competitividad del Mercado Único 2026'. La actuación busca salvaguardar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, que integran el 99 % del tejido empresarial en Europa, para permitir que mantengan un flujo de caja saludable que asegure la continuidad de sus inversiones.
Eslovaquia y Portugal, tienen procesos abiertos muy avanzados por lo mismo (retrasos en pagos públicos). De hecho, recientemente la Comisión les ha dado ultimátums muy serios porque las medidas que adoptaron tras recibir quejas previas no han funcionado.
Lilisbeth Perestelo: 
