La Ley 4/2026 entra en vigor este 23 de octubre para introducir nuevas garantías asistenciales que protegen la autonomía de las personas atendidas en los servicios de salud mental. La norma incorpora un nuevo artículo en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, con el objetivo de favorecer las actuaciones voluntarias y concretar las obligaciones que corresponden a los profesionales sanitarios y a las estructuras del sistema de salud.
El nuevo marco legal establece que todas las intervenciones sanitarias y asistenciales en este ámbito deben fundamentarse en el consentimiento libre e informado, ajustándose a la legislación vigente sobre autonomía del paciente. Para ello, la atención sanitaria adoptará un enfoque comunitario y centrado en la persona, garantizando en todo momento el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas usuarias.
En los supuestos en que la persona requiera acompañamiento en la toma de decisiones, estas se adoptarán mediante los apoyos formalmente establecidos o con la asistencia de la persona que los preste según la legislación aplicable. Esta previsión queda enmarcada en el modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica regulado por la Ley 8/2021.
Cuando el paciente se encuentre en una situación que le impida decidir, los profesionales de la salud deberán consultar su voluntad anticipada. Esta comprobación se efectuará a través de los documentos oficiales registrados o mediante la información contenida en su propia historia clínica. La planificación anticipada de decisiones y los planes de crisis se configuran como las herramientas clave para asegurar que sus preferencias sean conocidas y respetadas en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Requisitos en situaciones de urgencia vital
Respecto a los ingresos involuntarios, la tramitación continúa regulada por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien la reforma precisa los supuestos en los que procede el ingreso por urgencia vital. Esta circunstancia se define exclusivamente como una amenaza concreta a la vida o a la integridad de la propia persona o de terceros.
Para llevar a cabo un ingreso involuntario urgente, el personal sanitario deberá cumplir requisitos estrictos. Entre ellos se encuentra la obligación de dejar constancia expresa en la historia clínica del agotamiento previo de las alternativas voluntarias, la consulta de las voluntades anticipadas, la provisión de los apoyos necesarios y la entrega de información accesible al paciente sobre sus derechos.
El alcance de la reforma afecta de forma directa a la práctica clínica cotidiana. La norma prohíbe de manera explícita la realización de intervenciones involuntarias protocolizadas que carezcan de una evaluación individual previa. Asimismo, queda proscrito el mantenimiento injustificado de cualquier medida involuntaria y su empleo con fines disciplinarios o punitivos.
En relación con las sujeciones o contenciones mecánicas, la Ley 4/2026 estipula que solo podrán ser consideradas en situaciones totalmente excepcionales. La aplicación de estas medidas mecánicas pasará a tratarse formalmente como un incidente relacionado con la seguridad del paciente, obligando a su documentación detallada en la historia clínica y a una evaluación posterior del procedimiento. A fin de dar cumplimiento a este precepto, los centros sanitarios deberán disponer de protocolos específicos orientados a garantizar la intimidad, la seguridad, los cuidados esenciales y la dignidad de los usuarios.
Plazos para la fiscalización judicial
Las garantías de índole asistencial fijadas por la nueva legislación se complementan con las exigencias del procedimiento judicial. Salvo en las situaciones extraordinarias de urgencia que hagan imprescindible el ingreso inmediato, todo internamiento involuntario requerirá autorización judicial previa.
En caso de urgencia vital, el centro sanitario asume la obligación de notificar el ingreso al tribunal competente a la mayor brevedad posible y siempre dentro de un plazo máximo de 24 horas. A partir de la comunicación de la medida, el tribunal dispondrá de un límite de 72 horas para emitir la ratificación judicial del internamiento.
Reforma del procedimiento en las Cortes Generales
El texto legal fija también un mandato temporal para la actualización de la normativa sobre intervenciones involuntarias a escala estatal. Según recoge la disposición final decimonovena de la Ley 4/2026, el Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica en el plazo máximo de un año a contar desde el 23 de octubre de 2026.
Este proyecto legislativo tendrá como fin la reforma integral del procedimiento judicial de los internamientos involuntarios. La futura regulación deberá adecuar el marco normativo al artículo 49 de la Constitución española, a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Del mismo modo, requerirá la incorporación formal del concepto de apoyo comunitario y el posterior desarrollo normativo en materia sanitaria y social necesario para su completa ejecución.
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 
Lilisbeth Perestelo: